Juicio por YPF en Nueva York: qué se espera para 2026 y por qué el fallo de apelación puede cambiarlo todo

El Gobierno rechazó versiones de desacato y aseguró que cumple con el proceso judicial. El litigio entra en una etapa decisiva: discovery en curso y una definición pendiente de la Corte de Apelaciones.

Desde la Procuración del Tesoro insisten en que la defensa argentina se apoya en seriedad jurídica, rigor técnico y apego a la verdad, con el objetivo de resguardar el interés nacional y el orden jurídico local.

El histórico litigio por la expropiación de YPF, que enfrenta a la Argentina con los fondos buitre en los tribunales de Nueva York, transita un momento clave de cara a 2026. En el centro de la escena conviven dos procesos paralelos: por un lado, el discovery ordenado por la jueza Loretta Preska, y por otro, la esperada decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la sentencia de fondo, que condenó al país a pagar más de u$s16.000 millones.

Desde la Procuración del Tesoro de la Nación salieron a aclarar en forma categórica que la Argentina no se encuentra en desacato, desmintiendo versiones que circularon en los últimos días. “La República Argentina está cumpliendo plenamente con todas las decisiones judiciales vigentes”, indicaron fuentes oficiales, y remarcaron que cualquier afirmación en sentido contrario “carece de sustento jurídico”.

Discovery: una disputa que seguirá abierta en 2026

Uno de los ejes más sensibles del proceso es el discovery sobre comunicaciones personales de funcionarios y exfuncionarios argentinos, una medida impulsada por los demandantes y ordenada por la jueza Preska. Desde el Gobierno argentino sostienen que esa orden fue apelada por considerarla ilegítima e ilegal, tanto bajo el derecho argentino como bajo el estadounidense.

El discovery fue ordenado por la jueza Loretta Preska.

Según explicaron desde la Procuración del Tesoro, el país actúa de buena fe y ya se realizaron entregas parciales y periódicas de la información relevada, además de gestiones para obtener el consentimiento de las personas alcanzadas por el requerimiento. “La gran mayoría de los funcionarios y exfuncionarios ha prestado su colaboración de manera voluntaria”, aseguraron.

No obstante, la defensa argentina considera que el alcance del discovery configura “un intento inadmisible de hostigamiento contra un Estado soberano”, incompatible con el derecho internacional público y con las reglas que rigen las relaciones entre Estados.

En esa línea, interpretan la ofensiva de la parte actora como una estrategia para desviar la atención del escenario adverso que enfrenta el fondo Burford, principal financista de la demanda, cuyas acciones acumulan una caída cercana al 29% en lo que va del año.

No hay desacato ni sanciones, según la defensa argentina

Otro punto central que condiciona el escenario hacia 2026 es la discusión sobre eventuales sanciones. Desde la Procuración del Tesoro fueron tajantes: “Hablar de desacato es absolutamente falso”. Detallaron que, a partir del 15 de enero, las partes acordaron un cronograma procesal para el intercambio de escritos, y que cualquier decisión futura dependerá exclusivamente de la evaluación del tribunal.

“Cualquier afirmación sobre sanciones inminentes constituye una operación mediática irresponsable”, sostuvieron fuentes oficiales, al tiempo que enfatizaron que la Argentina continúa actuando dentro de los márgenes que impone la ley.

El fallo de apelación, la verdadera clave de 2026

Más allá del ruido en torno al discovery, el punto que podría redefinir por completo el caso es la decisión pendiente de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito sobre la sentencia de fondo dictada en primera instancia. Según remarcan desde la defensa, un fallo favorable podría dejar sin efecto cualquier intento de ejecución o reconocimiento de la condena multimillonaria contra el país.

Ese pronunciamiento es observado con máxima atención no solo por el Gobierno, sino también por el mercado, los acreedores y los propios demandantes. De allí que 2026 aparezca como un año bisagra: si la apelación prospera, el litigio podría ingresar en una fase completamente distinta; si no, la discusión se trasladará al terreno de la ejecución y las negociaciones.

Un litigio que seguirá marcando agenda

En ese contexto, desde la Procuración del Tesoro insisten en que la defensa argentina se apoya en seriedad jurídica, rigor técnico y apego a la verdad, con el objetivo de resguardar el interés nacional y el orden jurídico local. “La Argentina está actuando conforme al derecho y lejos de cualquier escenario de desacato”, subrayaron.

Así, el juicio por YPF encara 2026 con más incógnitas que certezas, pero con un dato central: el desenlace no estará definido por titulares ni especulaciones, sino por decisiones judiciales que aún están pendientes y que podrían cambiar por completo el tablero del mayor litigio internacional que enfrenta el país.