El fallo fue para Larreta pero las provincias podrían ser también beneficiarias finales

El fallo de la Corte Suprema buscó jugar al medio. Ser “salomónico”. Obviamente, para el Gobierno nacional, la decisión del máximo Tribunal de otorgarle una medida cautelar a la Ciudad de Buenos Aires para que recupere parte del porcentaje de puntos de Coparticipación que habían sido detraídos a fines de 2020 tuvo un único favorecido: Horacio Rodríguez Larreta ya como candidato presidencial de Juntos por el Cambio. La derrota es percibida en términos políticos a pesar de que había serios indicios de que iba a ocurrir sobre el filo de la feria para evitar que se diera en medio de un año electoral. De los matices que tiene la decisión emerge como ganador el Jefe de Gobierno que, de todas formas, no se llevó todo lo que fue a buscar. Al diferir la cuestión de fondo a futuro, los antecedentes por reclamos de restitución por montos mal devengados se licúan en el tiempo.

Pero la cautelar que dispuso la Corte por unanimidad en su último acuerdo del año, además, termina teniendo como beneficiario final al resto de las provincias. Primero, por lo que subyace del texto. En este litigio se trató siempre de la forma en que se distribuyó la coparticipación “primaria”, que es el monto que percibe la Nación y que reparte hacia la Ciudad. La Corte dejó por escrito que el nuevo porcentaje que debía asignar, el 2.95%, no podía ir en desmedro del resto de las jurisdicciones. La diferencia la tendrá que pagar el Tesoro. El segundo motivo es indirecto y genera una paradoja de orden técnico: con este fallo, el Jefe de Gobierno anunció que cumpliría la promesa de eliminar los impuestos que instauró luego de la poda de porcentaje sobre lo que le había dado Mauricio Macri cuando era presidente. La anunciada merma de ingresos brutos –más allá del impuesto a sellos para los resúmenes de tarjetas- implica un aumento mayor en términos recaudatorios en la base imponible de Ganancias. Ese impuesto se coparticipa entre las provincias que recibirían los fondos que ya le correspondían y los que se adicionen por recaudación desde CABA.

El problema de base para analizar la discusión es que esta Corte considera a la Ciudad bajo el criterio de una ciudad constitucional a partir de la reforma de 1994, óptica desde la cual cuenta con un estatus similar al de una provincia dentro del esquema del federalismo. Para el caso particular, el caso ya demoró dos años: doble audiencia pública, una mesa de negociación bipartita, prórroga de plazos y un intento malogrado del Gobierno de intentar recusar a Horacio Rosatti con un dato envenenado que hizo aparecer en un pirulo de un diario y que derivó en una ratificación de todos los miembros, a la inversa de la intención inicial. Error no forzado.

Tanto Rosatti, Rosenkrantz, Maqueda y Lorenzetti reseñaron cuál había sido el periplo para definir la coparticipación porteña desde su organización primaria hasta la definición de su autonomía. Y partieron de la base de que la definición de su porcentaje de Coparticipación surgía de la “torta” que correspondía a Nación hasta que se sancionara una nueva Ley, algo en lo que se está en mora y es previa a la reforma constitucional, ya que tampoco incluye a Tierra del Fuego. Las dos partes habían fundado sus casos en el artículo 75, inciso 2 de la Constitución y las normas y precedentes que regulaban la coparticipación. Este fue uno de los puntos jurídicos centrales. La Corte apeló a la exigencia de “concurrencia de voluntades” para afirmar que las decisiones respecto a transferencia de competencias (como este caso la Policía) deben ser tomadas de manera conjunta por los gobiernos de ambas jurisdicciones. Por eso, en principio, consideró válido el reclamo de “unilateralidad” de la decisión de la administración Fernández de reducir del 3.5% al 2.32% la masa de fondos a girar. Como contrapartida, la Ciudad no podría, por ejemplo, abandonar la prestación del servicio transferido, que en este caso sería la seguridad pública, bajo su sola voluntad. ¿Consensuaron Macri y Larreta lo que ocurrió en 2018 para beneficiar a CABA? Sí, porque tenían dominio de ambas jurisdicciones. ¿Es relevante el destino que el Ejecutivo planteaba para los fondos que Macri había dado supuestamente de más? Loable, pero para los jueces no es parte de la controversia.

Bajo este prisma, la Corte tomó un hacha y partió en dos el número para fijar la coparticipación ahora en un 2.95%, un 0,63% por encima de lo fijado inicialmente por el Gobierno y un 0,55% por debajo de lo que reclamaba Larreta para dividir la carga del perjuicio. Como no se trató el fondo de la cuestión, lo acumulado en dos años de litigio se devolvería solo si se define la inconstitucionalidad del decreto y la ley posterior, algo que no ocurrió. Por otro lado, la Corte hizo una aclaración central: está abierta la producción de pruebas respecto a cuál es el costo real de manutención de la policía, lo que Larreta afirma que apenas le alcanza y que el Gobierno sostiene que le sobra y que destina a extender su campaña. El “federalismo de concertación” que la Corte blande como mantra es parte del conflicto que también tuvo críticas a nivel jurídico, por resolverlo vía cautelar cuando no es usual y menos al haber transcurrido dos años sin peligro de demora. Larreta puede dar fe que esperaba que demorara días.

“Finalmente, corresponde reiterar que la participación aquí discutida de la Ciudad de Buenos Aires en la masa total de recaudación a distribuir no afecta la coparticipación de las provincias. En efecto, sea cual fuere el resultado de este pleito los recursos coparticipados de las provincias no se verán afectados, pues la cuota correspondiente a la Ciudad de Buenos Aires se detrae únicamente de los fondos que le corresponden precisamente a la Nación en la distribución primaria”, apuntó la Corte. En el fondo, esto desactiva el incentivo de apoyo que logró el Gobierno con los gobernadores peronistas para lograr masa crítica, que ayer igual se quejaban de haber sido ignorados como “amicus” y cuestionaban duramente el fallo que, en el fondo, no les toca sus cajas y hasta puede beneficiarlos con mayor coparticipación. En la superficie, un nuevo capítulo del enfrentamiento comienza. Pero es político.