Opiniones

Ensalada de versiones impositivas, algunas tremendamente graves

Se piensa - y esperemos quede solo en esa idea macabra - de aplicar un impuesto especial sobre las inversiones del exterior cuyos titulares sean residentes en la Argentina, cualquier sea su nacionalidad. Sería una suerte de impuesto a la riqueza especial a las personas humanas, siempre que posean riqueza de bienes en el exterior.

Se vienen conociendo una serie de versiones, vinculados por un lado a nuevos impuestos o incrementos de existentes. A su vez, el Gobierno dio a conocer información sobre un proyecto para reactivar la construcción, lo cual es loable y bienvenido.

La primera de las noticias cayó como un plomo al mundo empresario.

Se piensa - y esperemos quede solo en esa idea macabra - de aplicar un impuesto especial sobre las inversiones del exterior cuyos titulares sean residentes en la Argentina, cualquier sea su nacionalidad. Sería una suerte de impuesto a la riqueza especial a las personas humanas, siempre que posean riqueza de bienes en el exterior.

Se desconoce si ello afectaría a los activos financieros exclusivamente o a todos los bienes fuera de la frontera de nuestro país. Los rumores vienen del lado de las cuentas de inversiones de moneda extranjera o directamente porfolios.

Se trataría de un avasallamiento a la legalidad si se pretendiera aplicar exclusivamente a quienes blanquearon como se pregona. Fueron más de u$s110.000 millones que se adhirieron a ese régimen, pero se quiere alcanzar también a los fondos oportunamente declarados y aquel acumulado por su titular proveniente de rentas que tributaron en aquel momento cuando fueron con todo derecho- girados desde la Argentina en los últimos tiempos para quedar fuera del circuito interno.

Si se pretende castigar indirectamente a quienes manifestaron su riqueza por sinceramiento de sus bienes ubicados en el exterior, debe quedar claro que ya cumplieron su obligación al pagar el impuesto especial exigido. Esa mancha de pecado original quedó limpia por ese proceso, siempre que no hubiera un decaimiento de sus beneficios por omisiones en lo declarado, que debía ser pleno.

Igualmente si se busca repartir, es obvio que el resultado será absolutamente perjudicial, pues la recaudación total sin dudar disminuirá ante la evasión incentivada por este medio.

La razonabilidad que está prevista en el art. 28 de la Constitución Nacional, queda comprometida en cada exacción exagerada y con efectos distorsivos de nuestra desvencijada estructura tributaria. Este principio, debe ser fuente de equilibrio en la relación jurídica tributaria de manera especial.

Respecto del irracional e inequitativo Impuesto sobre los Bienes Personales (IPB) vigente, el mismo alcanzó en el gobierno anterior al actual a un 1,25%. Está vigente en la actualidad - luego de haber pasado 3 años (2016,2017 y 2018)- como un premio consuelo a quienes demostraron su buen comportamiento fiscal y así se eximieron de su pago.

La escala " tímidamente" llega hoy con pasmosa rapidez a un 0,75%, lo cual excede la tasa ínfima recomendada mundialmente para un impuesto patrimonial.

El objetivo de esta clase de imposiciones, debe ser solo aplicable para verificar los incrementos patrimoniales de una persona humana. Varios países de Europa lo han derogado como Irlanda y Alemania. Otros como España, lo exigen con mínimos no alcanzados que superan más de 30 veces los valores fijados aquí que es equivalente a u$s20.000, a pesar de las ultimas actualizaciones.

La falta de equidad es manifiesta, pues aquellos que tienen relevantes activos y reflejan deudas vinculadas a los mismos, no se les admite restarlos y deberán pagar el tributo con independencia de su verdadero patrimonio. Aquellos que posean los mismos valores de los bienes, pero sin haber tomado créditos, abonaran igual impuesto con un patrimonio final sensiblemente superior.

Se habla en los pasillos de incrementar la tasa máxima de IBP a un 2,5%, despropósito total inaceptable donde en 40 años el Estado se quedaría con todos los bienes del contribuyente. Incluso aun no sabemos el destino del impuesto a la transmisión gratuita de bienes.

El concepto constitucional de propiedad, comprende a los bienes de las personas, los derechos, como cualquier otro interés económico que pudiera poseer, fuera de su vida y libertad.

A la estructura tributaria Argentina no le cabe un alfiler más de presión fiscal

Se habla también de pretender gravar a la diferencia de cambio de la cotización de la moneda extranjera en poder de las personas humanas. En definitiva, un incremento del valor del U$S entre Enero 2018 y su cotización actual paso de $ 18 a $58, es decir una brecha de $40 por cada unidad. Quien los hubiera adquirido en esa época y mantuviera su tenencia, si fueron u$s100.000 la ganancia gravada pretendida sería de $4.000.000. Horror y espanto el virulento saqueo que podría implicar, en especial de no contemplar -al menos para estos casos - la inflación del periodo. Vamos a ser buenos y pensar que es un error de información.

De aplicarse cualquiera de estas medidas, contribuirá sin duda a que los patrimonios que aún quedan en nuestra amada tierra, se Irán raudamente afectando el alicaído empleo y empresas existentes que tiemblan por la inseguridad jurídica absoluta que podría implicar.

Una cal otra de arena

La construcción necesita una bocanada de aire puro, para poder sobrevivir y potenciarse. Es una actividad con efecto multiplicador por todos los rubros involucrados. Las restricciones sobre la moneda extranjera llevo agonizar las operaciones inmobiliarias, salvo obvio aquellos fideicomisos de pozo que se vieron fortalecidos pues usualmente implican inversiones en pesos. Además por el momento, el valor de construcción del m2 en dólares se ha reducido sensiblemente,

El gobierno envió un proyecto, buscando aplicarle beneficios impositivos para mejorar la oferta de vivienda.

Se crearía un régimen transitorio, que habrá de considerar el rango de fechas previstas y sus condiciones. Se promoverán las inversiones en nuevos proyectos inmobiliarios. Esto podría significar que los que están en marcha quedan fuera del ámbito de estos beneficios pero, y relevante es si se admite actualizar los valores de adquisición de inmuebles ante una venta del mismo. La consecuencia en la realidad actual es abonar impuesto en operaciones donde no existe ganancia alguna, todo resulta ser un resultado ficticio.

También se permitirá acceder aunque se devuelvan los créditos por compras de bienes, servicios y ejecuciones de obra, pues la vigencia de alícuota reducida del 10,5% para las ventas producen el nefasto saldo a favor que se mantiene en el tiempo en valores nominales quedándose así el fisco con el capital de trabajo del contribuyente.

Otro acierto a contemplar, seria diferir el pago del impuesto a las ganancias siempre que dicho importe se reinvierta en la suscripción o adquisición de certificados de participación o fideicomisos o fondos de inversión cuyo objetivo sea el desarrollo de nuevos proyectos inmobiliarios.

Vemos con buenos ojos y muy promisorio disponer regímenes especiales que incentiven las diferentes actividades que pueden impulsar un sensato y duradero crecimiento de la Argentina.

Un mal ejemplo son las versiones que se escuchan podrían venir de un eventual gobierno diferente.

(*) Contador público, socio Fundador de SSV

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