El sorpresivo veto del presidente italiano Carlo Azeglio Ciampi a la ley monopólica de televisión, impulsada por el primer ministro y magnate de los medios Silvio Berlusconi, tuvo ayer amplia repercusión en Europa. La prensa libre y la oposición al gobierno italiano aplaudieron la decisión de Ciampi. Este rechazó la ratificación de la ley de reforma del sistema televisivo por considerarla atentatoria de la Constitución, de la pluralidad informativa, favorecedora del imperio mediático del primer ministro y lesiva para la prensa escrita, una institución que debe ser preservada en beneficio de la sociedad.
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La llamada «Ley Gasparri» por el nombre del autor, Maurizio Gasparri, ministro de Comunicaciones, abría el camino para la privatización parcial de la televisión pública RAI, la mayor competencia para las tres cadenas de televisión privadas de Berlusconi, Italia 1, Canale 5 y Rete 4 (que forman Mediaset). Pero, sobre todo, la ley, al considerar como un único mercado la totalidad de los medios de comunicación, favorecer su concentración y alentar para la TV nuevas formas de beneficios publicitarios, también podría perjudicar a la prensa escrita por la concentración publicitaria entre medios audiovisuales.
La ley Gasparri fue aprobada el 2 de diciembre por el Senado y tenía que entrar en vigor después de su ratificación presidencial. La ley pone las bases para la privatización de la RAI, acelera la introducción de la tecnología digital y hace compatible la propiedad de cadenas de televisión y de diarios desde 2008, en contra de lo dispuesto actualmente. Según el documento divulgado por Ciampi, algunos artículos de esa ley contradicen la Constitución y afectan el pluralismo de la información, ya que favorecen la concentración de los medios de comunicación en manos de pocas personas.
Entre las consideraciones de Ciampi al negarse a firmar la ley y devolverla al Parlamento, figura la siguiente: «En cuanto al problema de la inversión publicitaria, y basándonos en principios constitucionales precedentes, se hace deseable que sea evitado el peligro de que la radioteledifusión, hiriendo una fuente tradicional de financiación de la prensa gráfica libre, como es la inversión publicitaria, provoque un grave prejuicio a una libertad a la que la Constitución defiende con enérgica tutela». Justamente, una de las posibles consecuencias de esta ley, es que Berlusconi terminara quedándose como propietario de una buena parte de la prensa escrita del país.
El mercado televisivo italiano está dominado por las tres emisoras de la RAI y las tres de Mediaset, que suman más de 90 por ciento de la audiencia y un porcentaje similar de los ingresos publicitarios, 60 por ciento de los cuales van a parar a Publitalia, firma propiedad de Berlusconi.
La decisión de Ciampi coincide con la publicación ayer de un informe de la Federación Europea de Periodistas (FEP) titulado «Crisis en los medios italianos: maneras en que las políticas inadecuadas y una legislación ineficaz presionan al periodismo». El estudio denuncia que la nueva ley italiana daría al grupo de comunicación Mediaset, propiedad de Berlusconi, margen para aumentar su posición dominante en los medios italianos, aprovechando el lucrativo mercado de la publicidad y permitiendo la compra de los diarios. El presidente de la FEP, Gustl Glattfelder, opinó que «la nueva ley, lejos de establecer límites a las concentraciones de medios, abre las puertas a controles del mercado por parte de Media-set».
El anuncio de Ciampi de devolver la ley al Parlamento suscitó la inmediata reacción de la Bolsa de Milán, en donde el título de Mediaset bajó ayer, mientras había permanecido alto durante las semanas previas. Es posible que el gobierno decida modificar algunos aspectos de la ley. «Hay que tener en cuenta las sugerencias indicadas», declaró Gasparri, quien se dijo dispuesto a revisar varios aspectos.
Por su parte, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) señaló también ayer que la decisión de Ciampi de rechazar la ley es «una victoria para la democracia y el pluralismo en los medios». El secretario general de la FIP, Aidan White, quien consideró que «la nueva ley es mala para el periodismo, para Italia y para Europa», señaló que, con su decisión, el presidente de Italia «está hablando a los demócratas de todo el mundo».
Por su parte, el gobierno está preparando un decreto de ley, que no necesita ser aprobado por el Parlamento, para evitar que Berlusconi pierda uno de sus tres canales de propiedad, Rete 4, como prevé una disposición del 2002 de la Corte Constitucional que le da plazo hasta el 31 de diciembre de 2003. El decreto ley cubriría legalmente el canal televisivo hasta cuando el Parlamento se pronuncie definitivamente sobre el proyecto de reforma del sistema audiovisual.
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