Banco Ciudad, Santander, ICBC y Supervielle ya se sumaron al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal. La iniciativa permite refinanciar deudas de tarjetas y préstamos en mora a un plazo mínimo de 24 meses y con una tasa fija de hasta 35% anual.
CABA busca que más bancos se sumen al programa de refinanciación en un contexto de creciente morosidad entre las familias.
Este viernes 14 vence el plazo para que las entidades financieras adhieran al Programa de Desendeudamiento Familiar y Personal de la Ciudad de Buenos Aires, una iniciativa que apunta a aliviar la situación de los hogares porteños con deudas en mora mediante condiciones de refinanciación más favorables.
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Hasta el momento, Banco Ciudad, Santander, ICBC y Supervielle ya confirmaron que se sumaban al programa, que fue creado a partir de la Ley N° 6.959, sancionada por la Legislatura porteña el pasado mes de junio.
La iniciativa permitirá refinanciar deudas originadas en préstamos personales y tarjetas de crédito bajo un esquema especial: los nuevos créditos deberán contar con un plazo mínimo de devolución de 24 meses y una tasa fija que no podrá superar el 35% de Tasa Nominal Anual (TNA).
El programa surge en un contexto de fuerte deterioro de la capacidad de pago de las familias. La morosidad en los créditos destinados al consumo muestra un crecimiento sostenido y se convirtió en una de las principales preocupaciones del sistema financiero, particularmente entre quienes recurrieron a préstamos personales y tarjetas para complementar ingresos o afrontar gastos corrientes.
El beneficio estará dirigido a vecinos de la Ciudad que acrediten una situación de vulnerabilidad financiera y cumplan con una serie de requisitos establecidos por la ley.
En particular, podrán acceder quienes tengan deudas originadas exclusivamente en tarjetas de crédito y/o préstamos personales otorgados por entidades financieras y se encuentren en situación 2 o 3 en la Central de Deudores del Banco Central (BCRA), es decir, con atrasos de entre 60 y 180 días.
Además, los ingresos del grupo familiar deberán ser inferiores a diez salarios mínimos, mientras que los compromisos mensuales vinculados a las deudas alcanzadas tendrán que representar más del 30% de los ingresos mensuales del hogar.
Otro de los requisitos será acreditar domicilio real en CABA durante, al menos, los últimos dos años. La normativa apunta, de esta manera, a concentrar la asistencia en hogares con dificultades concretas para normalizar su situación financiera.
El jefe de Gobierno, Jorge Macri, había definido la iniciativa como un mecanismo de alivio para los sectores medios endeudados. "Las familias porteñas podrán refinanciar sus deudas de tarjetas de crédito y préstamos en mora con más plazo y una tasa de interés fija. Es un alivio para la clase media que trabaja, se esfuerza y quiere ponerse al día", sostuvo.
La ley también establece una serie de exclusiones para evitar que el beneficio alcance a personas con capacidad patrimonial suficiente para afrontar sus obligaciones. No podrán acceder quienes sean propietarios de más de un inmueble, tengan vehículos con una antigüedad menor a cinco años —salvo aquellos afectados a actividades laborales debidamente acreditadas—, sean titulares de embarcaciones, aeronaves o bienes suntuarios sujetos a registro.
Tampoco podrán ingresar al programa quienes posean activos financieros que superen el monto total de la deuda reclamada ni quienes hayan comprado divisas durante el período en el que se generaron las obligaciones que buscan refinanciar.
Uno de los puntos centrales del esquema es el incentivo fiscal previsto para las entidades que participen, ya que la adhesión al programa contempla una reducción del 50% del Impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a los intereses percibidos por las refinanciaciones realizadas bajo este régimen.
La incorporación de Santander, ICBC y Supervielle, junto con el Banco Ciudad, amplía el alcance inicial del programa, que en un principio iba a instrumentarse principalmente a través del banco público porteño. La normativa, sin embargo, fue diseñada desde el comienzo con la posibilidad de sumar entidades privadas mediante el beneficio tributario.