A punto de cumplir 30 años desde su implementación, el Sistema de Riesgos del Trabajo enfrenta una amenaza sin precedentes. En los últimos doce meses, la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) informó que se presentaron demandas judiciales por un total equivalente a 6.891.653 salarios mínimos, una situación que encendió las alarmas en un sistema que protege diariamente a 10 millones de trabajadores y un millón de empleadores.
4 de julio 2025 - 11:10
Afirman que el sistema de Riesgos del Trabajo peligra por una ola judicial que equivale a casi siete millones de salarios mínimos
El sistema protege a más de 10 millones de trabajadores. Este 2025 cumple 30 años desde su implementación.
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Se realizaron casi siete millones de demandas judiciales y peligra el sistema de Riesgos del Trabajo.
Gracias a la articulación entre empleadores, trabajadores, aseguradoras y el Estado, el sistema logró avances concretos desde su creación. Redujo la mortalidad laboral en un 81%, salvó 19.000 vidas, disminuyó los accidentes en un 55% y bajó la gravedad de los siniestros en un 39%. Estas cifras representan una red de contención efectiva que impactó en la vida de millones de personas.
A pesar de estos indicadores positivos, el sistema atraviesa una crisis silenciosa. En 2025 se proyectó la presentación de más de 130.000 demandas nuevas, lo que equivale a 10.000 juicios por mes. La mayor parte se concentró en la Provincia de Buenos Aires (40%), seguida por CABA (19%) y Santa Fe (14%), con incrementos notorios en Entre Ríos, Chubut y San Luis.
Esta judicialización resulta ajena a cualquier variable objetiva, como el nivel de empleo o la evolución de los siniestros. Tampoco encuentra correlato en los sistemas internacionales de cobertura laboral.
El impacto directo en el costo laboral
Entre junio de 2024 y mayo de 2025 se contabilizaron 126.700 juicios. A partir del valor promedio de sentencia y el Salario Mínimo Vital y Móvil de junio de 2025 ($ 313.400), la litigiosidad implicó un desembolso equivalente a casi 7 millones de salarios. Esto representa una parte significativa del llamado costo argentino, con efectos directos en la capacidad de generar empleo formal.
Paradójicamente, esta situación se produjo en un contexto de mejora continua de prestaciones y caída de siniestros. La clave estaría en la distorsión de las pericias médicas judiciales, que superan en 12,5 puntos porcentuales al Baremo oficial, sumado a intereses judiciales desmedidos, que convierten cada demanda en una oportunidad de renta.
La advertencia del sector
“La situación es absurda. A pesar de la baja en los accidentes y fallecimientos en el ámbito laboral y de que el sistema ofrece coberturas superiores a las de muchos países, la litigiosidad sigue escalando sin lógica ni fundamento”, señaló Mara Bettiol, presidenta de la UART.
Bettiol también remarcó: “Al stock de 290.000 juicios a diciembre de 2024, se suma un flujo estimado de 130.000 más para 2025. Ningún sistema puede resistir semejante presión judicial, que debilita la productividad y destruye empleo”.
El rol de la Justicia
La Ley 27.348, sancionada en 2017, contempló la creación de Cuerpos Médicos Forenses (CMF) para dotar de objetividad a las pericias. Pero ocho años después, 17 provincias, incluida CABA, aún no implementaron este mecanismo.
En su lugar, las pericias continúan siendo decididas por profesionales sin regulación ni estándares, que cobran según el porcentaje de incapacidad que asignan. Esto alienta una espiral de incentivos que profundizan la litigiosidad.
Provincias como Salta y Río Negro, que sí crearon sus CMF, muestran una reducción significativa en los niveles de demandas, incluso con contextos socioeconómicos similares a otras jurisdicciones con mayor litigiosidad.
Un sistema que necesita completar su engranaje
De cara al aniversario número 30, el Sistema de Riesgos del Trabajo enfrenta su mayor reto estructural. Mientras empleadores, trabajadores, aseguradoras y el Estado cumplieron con su parte, el Poder Judicial aún adeuda el cumplimiento del último eslabón.
Desde la UART, renovaron su compromiso con un modelo que previene, repara y cuida. Y señalaron que “la oportunidad de celebrar tres décadas de logros en 2026 depende de que se garantice un funcionamiento justo, previsible y sostenible”.
“Un sistema que en lugar de colapsar por inacción, se transforme en el punto de partida para ampliar derechos y generar empleo formal de calidad en la Argentina que viene”, concluyeron.
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