Los profesionales proporcionaban Propofol y Fentanilo extraídos del Hospital Italiano. Como consecuencia, falleció uno de los trabajadores del Hospital Bernardino Rivadavia.
Allanan la Asociación de Anestesistas.
La Justicia realiza un allanamiento en la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires en el marco de la investigación por fiestas en las que se habrían utilizado drogas sustraídas del Hospital Italiano de Buenos Aires.
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El procedimiento busca documentación interna vinculada a reuniones, actuaciones administrativas y posibles intervenciones previas de la entidad respecto de los profesionales involucrados en la causa.
El abogado de la institución, Eduardo Gerome, explica que la asociación actúa como denunciante: “Esta institución es denunciante. Ahora se están buscando actas que hayan labrado, sobre reuniones que hayan mantenido con estos profesionales. Es una investigación que está a cargo de la Justicia y, como denunciantes, vamos a poner a disposición lo que requieran”.
Desde la asociación aseguran que el allanamiento los toma por sorpresa, aunque remarcan su voluntad de colaborar con la causa. “El allanamiento nos tomó por sorpresa, pero somos los que más queremos saber qué pasó. Apenas tomamos conocimiento, corrimos a la Justicia a denunciar”, agregó Gerome.
En esa línea, aclaran que los registros disponibles se limitan a reuniones institucionales y no abarcan la vida privada de los profesionales bajo investigación.
El escándalo se origina tras la detección de posibles consumos de sustancias por parte de residentes vinculados al ámbito de la anestesiología. Según detalla el vicepresidente de la entidad, Carlos Bollini, el caso comienza a tomar forma a partir de una denuncia interna.
“Primero se enteraron unas compañeras de residencia de la doctora Lanusse del Italiano e hicieron la denuncia, aproximadamente el 20 de febrero, porque la encontraron en un estado complejo, como en una situación de consumo de drogas”, señala.
A partir de ese momento, se inicia una investigación interna en el hospital, que luego se articula con la asociación. “Hasta ahí parecía un tema de consumos de sustancias. Tuvimos reuniones de comisiones, todo pasó en pocos días hasta recibimos la noticia de la muerte del doctor Salazar”, agrega.
El fallecimiento del anestesista Alejandro Salazar marca un punto de inflexión en el caso. En ese momento, no existía una conexión directa con las denuncias previas, pero el avance de la investigación permite vincular los hechos.
“A los días tuvimos una reunión y ahí se comentó el tema de las fiestas y el consumo de anestesiólogos. No se dieron nombres. Cuando se comentó esto, si bien no teníamos una denuncia formal, decidimos hacer una denuncia penal”, explica Bollini.
Fue entonces cuando, a través de la trazabilidad de los medicamentos, se determina que las sustancias utilizadas provenían del Hospital Italiano de Buenos Aires.
Desde la asociación detallan que cuentan con mecanismos de control sobre los residentes, que incluyen análisis periódicos y evaluaciones constantes. “Como Asociación tenemos 400 alumnos y hacemos controles periódicos, sorpresivos y de orina. Controlamos a los residentes, la cantidad no es poca”, explica Bollini.
Sin embargo, reconocen que hasta el momento los involucrados no habían presentado señales de alerta. “Hasta este momento eran excelentes alumnos, nadie podía decir nada en contra. Nos enteramos después”, admite.
El caso genera fuerte preocupación dentro del ámbito médico, tanto por el posible desvío de medicamentos como por el uso indebido de sustancias en contextos extrahospitalarios.
Entre los nombres que aparecen en la investigación se encuentra el del anestesista Hernán Boveri, quien, según confirman desde la asociación, presentó su renuncia tras declarar en el marco de la causa.
Bollini remarca el impacto del caso dentro de la comunidad médica: “Era la cara visible y el representante científico a nivel mundial de la especialidad. Ha dado conferencias a lo largo del mundo”.
La investigación continúa en curso y busca determinar responsabilidades penales, así como el posible circuito de desvío de fármacos desde instituciones de salud hacia usos ilegales.
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