El fiscal Diego Molina Pico presentó una apelación ante la Cámara de Casación para que se deje sin efecto la absolución de un presunto violador -acusado de abusar de una joven discapacitada- que no fue condenado porque en el informe que acreditaba los hechos faltaba la firma del médico que hizo la pericia.
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Esa falla provocó una fuerte reacción no sólo de la familia de la víctima, sino de varios sectores de la sociedad e incluso de la propia presidenta Cristina Kirchner, quien la semana pasada calificó de "inexplicable" todo lo que rodeó a la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 de San Isidro con respecto a este caso.
Además, la fiscal María del Carmen Gigante, a cargo de la instrucción de ese sumario, quedó en la mira de los diputados bonaerenses, que analizan la posibilidad de efectuarle un juicio político para separarla de su cargo.
Ahora, Molina Pico apeló el fallo que benefició a Francisco Centurión, de 45 años, imputado de violaciones reiteradas a una joven discapacitada vecina suya.
El viernes pasado, el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, informó que funcionarios de su cartera hallaron al médico que realizó el peritaje a la mujer violada, y el cual había sido invalidado por el tribunal.
Indicó que la pericia la hizo el médico forense de la Policía bonaerense Carlos Pozzoni, quien aseguró que tiene "copia propia del documento, en el que consta quiénes participaron del peritaje y los testigos" en el hospital de San Fernando.
"Hemos dado con un profesional de esos que hacen las cosas como uno quisiera que todo el mundo las hiciera, con una pulcritud fenomenal", explicó el ministro, quien ese día recibió a la madre y al abogado de la víctima.
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