Luego de una vigilia masiva, una movilización marchó desde Plaza de Mayo contra el veto de Javier Milei a la Ley de Discapacidad

Tras una extensa estadía con velas frente a la Casa Rosada, familias, organizaciones y prestadores reclaman que Diputados revierta el veto presidencial a la ley de emergencia en discapacidad.

Luego de la masiva vigilia, se realizó la movilización al Congreso contra el veto a la ley de discapacidad. 

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Una masiva manifestación de familias, organizaciones sociales y prestadores vinculados a la discapacidad se realiza este miércoles frente al Congreso para sumar presión al Congreso para que rechace el veto de Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad.

El desafío legislativo no es menor: para que el Congreso deje sin efecto la decisión presidencial se necesitan los dos tercios de los votos en Diputados y luego la ratificación del Senado. De no conseguirse esa mayoría especial, el veto seguirá vigente.

Para lograr los dos tercios en Diputados, comenzó ayer en Plaza de Mayo una vigilia de velas. A pesar de la lluvia, los manifestantes permanecieron frente a la Casa Rosada y hoy se encuentran en la Plaza de los Dos Congresos. Además de banderas de agrupaciones políticas, se ven carteles con mensajes como "No al veto" y "Discapacidad. Basta de quita".

Durante la vigilia, distintas voces buscaron reforzar la convocatoria. La actriz Valentina Bassi, madre de un niño con discapacidad, difundió un video en redes sociales en el que advirtió: “Vamos a movilizarnos todos para decirle a los diputados y diputadas que rechacen el veto presidencial en contra de la Ley de Emergencia en Discapacidad. No nos dejen solos”.

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Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente de Discapacidad, subrayó la importancia de la norma y explicó que apunta a “cubrir a las personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, que necesitan apoyo social, por una nueva figura de pensión que no está unida a la incapacidad laboral, sino al hecho de la situación de discapacidad y pobreza”. Al mismo tiempo, señaló que la ley busca dar respuesta a un reclamo histórico de prestadores y transportistas, ya que los aranceles que perciben “están desfasados y hoy existe una diferencia de casi un 73% entre lo que cobran y lo que realmente cuesta brindar el servicio”, lo que obliga a muchos a trabajar a pérdida.

La vigilia comenzó el martes a las 19hs.

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El proyecto también contempla mejoras en el salario de alrededor de 8.000 personas que se desempeñan en talleres protegidos, cuyos ingresos se mantienen en apenas $28.000 mensuales, un monto que, según Molero, no alcanza para cubrir las necesidades más básicas.

Finalmente, desde las 11 de la mañana de este miércoles 20 de agosto, se realiza una concentración en la Plaza del Congreso "y en las de todo el país": "Nos concentramos para exigir a los legisladores nacionales que rechacen el veto presidencial y defiendan la Ley de Emergencia en Discapacidad", expresó el documento. Allí permanecerán hasta que finalice la sesión de diputados.

La urgencia de la ley de Emergencia en Discapacidad

La Ley de Emergencia en Discapacidad busca dar respuesta a una serie de problemas que, según organizaciones del sector, ponen en riesgo derechos básicos de miles de personas. En primer lugar, protege las pensiones no contributivas de quienes atraviesan situaciones de pobreza, evitando que pierdan acceso al Programa Federal Incluir Salud, clave para cubrir prestaciones médicas y de asistencia.

La norma también apunta a garantizar la rehabilitación, la educación, los apoyos, el transporte y la medicación tanto para niñas y niños como para adultos con discapacidad, en un contexto en el que muchos hogares y residencias están en riesgo de cierre por el atraso arancelario y la falta de recursos.

Otro de los ejes centrales es la necesidad de contar con un transporte accesible que permita sostener los traslados a tratamientos y actividades cotidianas, algo que hoy se encuentra limitado por el desfasaje de tarifas y la falta de financiamiento.

Desde el Foro Permanente de Discapacidad remarcan, además, que la ley obliga al Estado a encontrar mecanismos de financiamiento, pero sin crear nuevos impuestos: la solución debería surgir de la reasignación de recursos ya existentes dentro del presupuesto nacional.