Se puso en marcha ayer un ente encargado de la aplicación de la firma digital, la herramienta tecnológica que les dará validez legal a documentos y trámites electrónicos al permitir ahorrar tiempo y dinero. Se trata de la Autoridad Certificante de Raíz que está bajo la órbita de la Subsecretaría de Gestión Pública y cuya función es habilitar a las instituciones que validarán la firma de las personas físicas y jurídicas que quieran operar con el nuevo sistema. La firma digital es un conjunto de datos que permite determinar legalmente quién firmó un documento y que éste no haya sido modificado desde ese momento.
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Legalmente, podrá aplicarse en todos los casos que requieran escritura y firma con pocas y bien definidas excepciones. Esto se logra mediante la existencia de dos claves para el usuario: una privada, que sólo estará en su poder, y otra pública, que utilizarán quienes deban verificar lo que ha firmado.
Entre las posibilidades que da este nuevo mecanismo, el titular de Gestión Pública, Juan Manuel Abal Medina, reseñó una experiencia realizada en un organismo que permitió reducir «de cinco días a dos horas el trámite para la contratación de personal».
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