Reacciones dispares ayer ante la ola de activismo gremial. Las autoridades del hospital Garrahan aseguran que hoy enviarán 100 telegramas de despido a huelguistas. En el Congreso y en ferrocarriles, en cambio, consiguieron aumentos.
El gobierno cedió ayer finalmente en el conflicto laboral en el Congreso y aceptó hacer una propuesta de ampliación de fondos -mediante una reasignación de partidas- para pagar incrementos salariales. En realidad, el monto y el consiguiente aumento se conocerán recién el martes cuando se sepa el ofrecimiento del Ejecutivo. Pero bastó con esa promesa para que la Asociación de Empleados Legislativos y la Asociación de Trabajadores del Estado levantaran las protestas y permitieran sesionar tanto en Diputados como en el Senado.
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El primer paso para destrabar el conflicto que tenía sin sesionar las cámaras ni funcionar las comisiones, lo dio ayer el gobierno cuando envió un representante de la Jefatura de Gabinete y otro de la Secretaría de Hacienda para discutir la necesidad de incrementar el presupuesto del Congreso para pagar los aumentos exigidos por empleados junto a los secretarios administrativos de ambas cámaras y el delegado de APL, Norberto Di Próspero. De allí salió un principio de acuerdo pero sin fijar aún el incremento, ya que dependerá de la resolución que firme el jefe de Gabinete. Esa será la segunda pelea. Di Próspero explicó que las tomas de recintos y protestas dentro del Congreso quedaron suspendidas frente a la posibilidad de una solución porque «quedábamos en el medio boicoteando una sesión, no queríamos quedar rehenes de una interna».
El pedido hoy de los sindicalistas al Poder Ejecutivo -fueron derivados a esa ventanilla por Eduardo Camaño primero, luego Daniel Scioli y, por último, los propios kirchneristas- no tiene justificación legal si se piensa que se está hablando de uno de los poderes del Estado que maneja su presupuesto con absoluta independencia. Es decir, condiciona el gobierno la división de poderes si se involucra en pagar sueldos en el Congreso, cuando la conducción de esa institución se niega a hacerlo por carecer de fondos y no tener voluntad política de votar una ley para derivar partidas del Presupuesto 2005 como había planteado el radicalismo.
Por eso los delegados gremiales de los empleados legislativos se preocuparon ayer en explicar: «No queremos negociar sueldos con el Ejecutivo, queremos la partida. La gente tiene la imagen de que cobramos una fortuna y ganamos menos que el resto de la administración. Sólo queremos saber de cuánto será la partida extra, y después una paritaria interna del Congreso decidirá el porcentaje de los incrementos», decía ayer Di Próspero. Pero lo cierto es que Alberto Fernández dejará en claro públicamente que el problema que congeló el Congreso por dos semanas -venía congelado de antes también por las vacaciones de invierno y luego la interna kirchneristas contra duhaldistas- fue solucionada por el gobierno en uso de los superpoderes que ahora los bonaerenses le quieren retacear para 2006.
La protesta de los empleados del Congreso desnudó, por otra parte, el volumen de aumentos que Néstor Kirchner autorizó para los empleados de la Administración Central. Hoy los legislativos pretenden una suba similar a la que se otorgó a los agentes encuadrados en el SINAPA en Presidencia y ministerios: entre 16% y 25%, más la incorporación de $ 250 como remunerativos.
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