La Cámara Nacional de Casación confirmó las condenas de prisión a los miembros de una banda que, en 2018, asaltó dos viviendas de los barrios de Villa del Parque y de Villa Riachielo donde vivían ancianas, a quienes engañaban simulando ser falsos inspectores de una empresa de gas y les robaban todas sus pertenencias.
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Según la investigación, a una de las víctimas de 86 años la mantuvieron secuestrada dentro de un auto y la liberaron sin sus antojos y descalza, lo que le provocó una caída y la fractura de su cadera.
Fuentes judiciales confirmaron hoy que la Sala III de Casación confimó la pena de ocho años de prisión para María Victoria Lucero; de cinco años y medio para José Luis Behotats; de cuatro años para Miguel Angel Behotats; y de sieta años para Rubén Alfredo Portillo, quien conducía el vehículo que transportaba al resto y hasta fue utilizado para privar de libertad a una de las víctimas.
Las penas habían sido impuestas en abril de 2019 al término de un juicio oral público por el Tribunal Oral en lo Criminal 2, pero tanto la defensa oficial como las particulares apelaron el fallo y llevaron la causa hasta el máximo tribunal penal.
El primero de los hechos que se le imputó a la banda se registró la tarde del 18 de marzo de 2018 cuando Lucero intentó ingresar al domicilio de una mujer de 86 años en la calle Lavallol al 2.100, del barrio Villa del Parque con el engaño de que necesitaban controlar el servicio del gas.
La mujer se opuso, negativa que repitió luego cuando uno de los hermanos insistió en ingresar al domicilio, pero más tarde la anciana salió a la calle y fue subida a los empujones a un Volkswagen Bora y liberada minutos después, aunque, sin anteojos ni calzado, cayó y sufrió una fractura de cadera.
El otro hecho se registró dos días después, cuando, con el mismo ardid, Lucero logró ingresar en el domicilio de otra anciana de 95 años en la calle Murature al 1.900, de Villa Riachuelo.
Según la investigación, una vez en el interior de la vivienda, la falsa inspectora empujó a la anciana sobre la cama y le tapó la boca para que no pudiera gritar y permitió el ingreso de José Behotats, junto con quien, tras apoderarse de 40.000 pesos, anillos y otras alhajas, salieron de la finca y ascendieron al vehículo conducido por Portillo, con el que se retiraron del lugar.
Tareas de inteligencia ordenadas por el juzgado que intervino, entre ellas las basadas en la descripción del rodado realizada por testigos, permitieron a policías de la Ciudad detener a los cuatro delincuentes debajo del puente de la avenida General Paz en su intersección con Ramón Falcón.
Durante el juicio, los defensores habían cuestionado la valoración de las pruebas producidas, entre ellas imágenes de video a las que calificaron de confusas y reclamaron que se absolviera en base en principio in dubio pro reo (en caso de duda favorecer al imputado).
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