29 de agosto 2007 - 00:00
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En abril último, la jueza Crotto había concluido que los músicos fueron "ajenos" a los presuntos pagos ilegales efectuados a la policía por el ex gerente de República Cromañón, Omar Emir Chabán, para que no se controlaran las actividades del local.
El sobreseimiento fue dictado por Crotto a partir de la denuncia del padre de una víctima del incendio, quien había considerado que el grupo era socio de Chabán en la organización de recitales, y por lo tanto, corresponsable por las coimas.
Para la jueza, "la existencia del pacto venal entre (el comisario) Carlos Díaz, Omar Chabán y Raúl Villarreal, con el objeto del que el primero omitiera, a cambio de dinero, realizar todo acto tendiente a hacer cesar las infracciones en las que incurría el local República Cromañón... se encuentra fuera de discusión".
Sin embargo, resaltó que con respecto a la banda "nada permite afirmar que todos o alguno de sus integrantes conociera que la entrega dineraria por parte de Chabán y Villarreal fuera espuria. Es decir, que fuera una retribución por la omisión de control".
La jueza concluyó en que los músicos "asintieron el descuento de dinero que les correspondía en la firme creencia de que se lo hacía a los fines de abonar un servicio que... les presentaban como habitual, necesario y, sobre todo, legal... para prevenir cualquier tipo de desorden que se pudiera suscitar".
No obstante, todos los argumentos de Crotto fueron revocados en julio último por la Sala V de la Cámara del Crimen, que ordenó a que los músicos sean indagados por el presunto pago de coimas.




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