Desalojaron un edificio tomado del Senado

Unas 20 personas fueron desalojadas hoy de un edificio del Senado Nacional en el barrio porteño de Balvanera, tras un pedido que realizó ese cuerpo legislativo ante la Justicia.

El titular de la comisaría sexta, Guillermo Benedicto, informó que el operativo se realizó "sin problemas, no hay violencia, ni resistencia de la gente y sólo permanecen en el lugar 20 personas, ya que ayer se fueron tres familias".

No obstante, una mujer, que se identificó como Alejandra, dijo en declaraciones a un canal de noticias que el operativo era "violento y agresivo".

"Hago un llamado público a la senadora nacional (Cristina) Fernández de Kirchner, para que intervenga porque nadie nos escucha y no tenemos donde ir", reclamó.

En tanto, el defensor adjunto del Pueblo porteño, Gustavo Lesbegueris, se quejó ante la prensa porque las familias solicitaron una "prórroga" y no se la concedieron.

Lesbegueris dijo que las familias estaban viviendo "sin servicios mínimos y en condiciones indignas" y se preguntó qué iba a hacer "el Gobierno porteño por la suerte de esas familias".

El edificio está ubicado en Entre Ríos 171 y estaba ocupado desde hacía 30 años por varias decenas de familias que no tenían vivienda, pero algunas consiguieron en los últimos tiempos créditos para acceder a una casa propia.

En tanto, la Presidencia del Senado defendió la decisión de desalojar a las familias y aseguró que si no adoptaba esta medida se podría haber producido un derrumbe debido al pésimo estado en que se encuentra el lugar.

"Siempre se intentó evitar el desalojo y desde el comienzo se actuó para persuadir, no para imponer, pero la situación tiene un límite y ese límite es la situación material del edificio. Así también lo entendió la Justicia que ordenó el procedimiento", agregó la Presidencia del Senado.

Mediante un comunicado difundido por la dirección de Prensa, se advirtió que si no se tomaba esta decisión en el edificio ubicado en avenida Entre Ríos 177 "se ponía en serio peligro la vida de las personas que allí habitan desde hace más de 20 años.

Además, se aclaró que "desde el primer día de esta gestión se puso manos a la obra para resolver una cuestión que lleva más de 20 años" y "desde el primer momento se privilegió la seguridad de cada una de las familias" porque "nuestra meta es salvar vidas, no recuperar un edificio".

También se destacó que "el problema se encaró como una cuestión social, no como un problema legal" y destacó que el informe de los Bomberos y otros especialistas "fue claro: el edificio corre riesgos de derrumbe. Es un dato objetivo que obliga a actuar con decisión para salvar vidas".

El Senado, además, aclaró que "no se apeló al desalojo como primera instancia", sino que con la Dirección de Coordinación Social del cuerpo se articularon propuestas y soluciones a partir de Planes Sociales de la Nación y la Ciudad y mediante créditos blandos por parte del Instituto de la Vivienda.

 Finalmente, señaló que "esto permitió que la mayoría de las familias que habitaban el lugar se fueran por propia voluntad a partir de los créditos recibidos para adquisición de una vivienda o alquiler".