Dos empresas de seguridad privada fueron condenadas a indemnizar a los padres de un custodio asesinado hace 13 años en un campo de golf durante un asalto, porque el vigilador no había sido capacitado ni tenía chaleco antibalas.
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La Cámara Civil porteña condenó a los titulares de las empresas "Albo" y "Singer" a pagarle una indemnización de 100.000 pesos a los padres de J.C.G, por sus iniciales, que fue asesinado el 17 de agosto de 1997 en el Golf Club General San Martín mientras cumplía funciones de seguridad privada.
También el club fue condenado a pagar el resarcimiento porque tenía el deber de controlar que las empresas de seguridad cumplieran sus obligaciones con su personal. En los fundamentos, la Sala B de la Cámara responsabilizó a las compañías por obligar al empleado a portar armas de fuego cuando no tenía autorización para ello ni recibió entrenamiento alguno en su manejo.
La falta de preparación "no puede atribuirse a este mero agente, sino a la manifiesta desidia, indiferencia y negligencia de los responsables de la empresa o empresas de seguridad de las que él dependía", sostuvieron los jueces Mauricio Mizrahi, Claudio Ramos Feijóo y Gerónimo Sansó.
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