El Gobierno sumó 254 sustancias al listado de drogas controladas y amplió el control sobre sustancias sintéticas

La medida, oficializada mediante el Decreto 122/2026, incorpora análogos del fentanilo, cannabinoides, barbitúricos y otros compuestos. Es la mayor ampliación desde el Decreto 560/19.

MPF

El Gobierno dispuso una nueva actualización del registro de drogas controladas y agregó 254 sustancias consideradas estupefacientes, en el marco de una revisión normativa orientada a reforzar el control sobre compuestos psicoactivos en el país.

La decisión quedó formalizada a través del Decreto 122/2026, publicado en el Boletín Oficial, y modificó el Anexo I vigente para adecuar el esquema regulatorio argentino a la evolución del consumo y el tráfico de sustancias no contempladas hasta el momento.

La actualización fue el resultado de un trabajo coordinado entre las Fuerzas de Seguridad Federales, las policías provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, con intervención de laboratorios oficiales especializados en análisis químico-forense. El diagnóstico conjunto concluyó en la necesidad de “actualizar el listado de las sustancias individuales que deben ser consideradas estupefacientes”.

Entre los nuevos compuestos incorporados figuran ocho análogos del fentanilo, once barbitúricos, treinta y cuatro benzodiacepinas, veintisiete cannabinoides semisintéticos, cuatro cannabinoides sintéticos, cuarenta y cinco catinonas sintéticas, siete fenidatos, diez fenmetrazinas, tres fenetilaminas, diez lisergamidas, nueve nitacenos, tres opioides sintéticos, dieciséis psicotrópicos, dos compuestos de fenciclidina, una triptamina y sesenta y cuatro sustancias adicionales de diversa clasificación.

El texto oficial subrayó que se trata de la mayor ampliación desde la entrada en vigencia del Decreto 560/19, que había sido la última modificación integral del listado.

Sustento técnico y marco legal

El procedimiento se apoyó en un informe técnico elaborado por especialistas de la Dirección Nacional de Precursores Químicos y del Programa contra las Drogas Sintéticas y el Desvío de Precursores Químicos, junto con aportes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) para la Región Andina y el Cono Sur.

Además, la actualización se fundamentó en el artículo 77 del Código Penal y en la Ley 23.737, que regula los delitos vinculados con estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

Según el decreto, el criterio central para incorporar nuevas sustancias fue la comprobación de su circulación efectiva en el territorio nacional, a partir de actuaciones judiciales y de información del Sistema de Alerta Temprana de Nuevas Sustancias Psicoactivas (SAT), vigente desde abril de 2023.

También se tomó en cuenta evidencia de organismos internacionales especializados en el monitoreo de Nuevas Sustancias Psicoactivas (NSP), entre ellos la Agencia Europea de Drogas (EUDA), el Programa Global SMART de la ONUDD, la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y reportes remitidos a la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE).

Potencial de abuso y desvío

El documento oficial señaló que la inclusión de estos compuestos responde a su potencial de abuso, especialmente en contextos de policonsumo, y al desvío desde circuitos legales -como hospitales, farmacias o veterinarias- hacia mercados ilícitos.

“Se incluyen no solo las Nuevas Sustancias Psicoactivas sintetizadas en laboratorios clandestinos sino también determinados fármacos utilizados en tratamientos terapéuticos”, indica el texto.

El decreto, firmado por la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, precisa que las sustancias seleccionadas presentan “relevancia toxicológica” por su capacidad de afectar el sistema nervioso central y generar dependencia física o psíquica, intoxicaciones agudas, sobredosis, trastornos psiquiátricos o daño neurológico crónico.

Con esta modificación, el listado -que ya había sido ampliado mediante los decretos 635 y 1130 de 2024 hasta alcanzar 632 sustancias- vuelve a incrementarse y refuerza el alcance del régimen de fiscalización vigente en materia de estupefacientes.