En medio de toma de sede provincial, renunció jefe de la policía de San Luis

Más de medio centenar de personas, en su mayoría efectivos que llevan adelante una medida de fuerza tras haber sido sancionados, mantenían tomada la Jefatura Central de Policía de San Luis y desafiaban una orden de desalojo, en medio de un clima de tensión en aumento.

Este miércoles, el juez del Crimen Nº 2 de San Luis ordenó el desalojo de la sede policial, que continuaba ocupada luego de que 51 agentes fueran separados de la Fuerza o pasados a retiro por haberse acuartelado el lunes pasado, en reclamo de mejoras salariales y de condiciones de trabajo.

Según reportó Cadena 3, los efectivos castigados quemaron neumáticos en todos los accesos al edificio y recibieron el apoyo de compañeros policías no solo de la capital provincial, sino también de Villa Mercedes y de otras localidades del interior del distrito puntano.

Pasado el mediodía, el Ministerio de Seguridad de San Luis impartió órdenes a grupos especiales para que rodeen el edificio, donde los uniformados que llevaban adelante la medida de fuerza se mostraban dispuestos a resistir.

Pasadas las 19:00 de este miércoles, el titular de la cartera de Seguridad, Martín Olivero, pidió públicamente a los manifestantes -algunos encapuchados incluso, para evitar ser reconocidos dentro de la sede policial- que depongan su actitud de manera pacífica.

"Ante esta situación que puede afectar la integridad física de las personas, pido, ante el pueblo de San Luis, a los ocupantes que depongan pacíficamente su actitud de manera de lograr un retiro voluntario del edificio", sostuvo Olivero.

Por otro lado, el funcionario aseguró que se encontraba garantizada la seguridad y que se estaban restableciendo los servicios de emergencia, luego de que los manifestantes intervinieran el 911. Agregó que los 30 móviles retenidos en el interior de la Jefatura ya habían sido reemplazados en la vía pública.

Este miércoles, como consecuencia de la crisis en la Fuerza, el comisario general Miguel Ángel Ubieta presentó su renuncia y el gobernador Claudio Poggi aceptó su dimisión.

Uno de los voceros de los policías sublevados advirtió que dentro del edificio algunos efectivos permanecían armados, luego de tomar la sede policial en horas de la madrugada.

En medio de un clima de tensión en aumento, Olivero afirmó que la orden de la Justicia era desalojar por la fuerza pública el edificio, pero insistió en solicitarles a los manifestantes que abandonen en lugar en forma pacífica.

La protesta, que mantiene en vilo tanto a los fuerzas de seguridad de San Luis como al gobierno provincial, se desencadenó después de la decisión oficial de separar a 51 agentes que se habían acuartelado y que entregaron un petitorio en reclamo de mejoras salariales y de condiciones laborales.

El oficial Ricardo Arrieta, quien llegó a ser jefe de una comisaría del interior provincial (en Balde), dijo que su sueldo básico era de 1.300 pesos y el de bolsillo de $4.000 después de 24 años de servicio en la Policía.