Florencio Varela: rescataron a 13 chicos de un hogar infantil y detuvieron a dos personas por explotación laboral

El procedimiento se realizó en el hogar “Nido de Águilas”, en la localidad de La Capilla. La Justicia analiza la posible participación de funcionarias por encubrimiento.

El operativo se realizó en el hogar infantil “Nido de Águilas”, ubicado en la localidad de La Capilla, en Florencio Varela.

Infobae

Trece niños y adolescentes fueron rescatados de un hogar infantil en Florencio Varela luego de que la Justicia detectara presuntas situaciones de explotación laboral, maltratos y graves condiciones de vida dentro del establecimiento.

El procedimiento se realizó en el hogar “Nido de Águilas”, ubicado en la calle 1552 y Vía Muerta, en la localidad de La Capilla, tras una investigación de la Fiscalía N.º 8 de Berazategui, a cargo del fiscal Ernesto Daniel Ichazo.

El lugar fue allanado por personal del área de Cibercrimen contra las Infancias y Delitos Conexos a la Trata de Personas de Berazategui, encabezado por el subcomisario Matías Giménez.

Durante el operativo se incautaron computadoras, teléfonos celulares y documentación, mientras que las dos responsables del hogar fueron detenidas y posteriormente indagadas por el fiscal. Ambas se negaron a declarar y permanecen detenidas, mientras sus defensas solicitaron la excarcelación.

Las condiciones en las que vivían los menores

Según la causa, los menores vivían en condiciones de hacinamiento, con deficiencias alimentarias y falta de atención médica, además de ser obligados a realizar tareas consideradas inapropiadas para su edad.

De acuerdo con la investigación, los chicos debían realizar trabajos físicos exigentes dentro del predio, como preparar cemento, mover maderas y piedras, cortar cañas con machetes para construir cercos o realizar tareas de albañilería.

También se les asignaban actividades vinculadas al mantenimiento del lugar y al cuidado de animales. Entre ellas, limpiar residuos de decenas de perros y caballos, alimentar a los animales y realizar tareas de limpieza general. Las tareas, según los testimonios incorporados a la causa, podían extenderse durante largas jornadas, incluso bajo condiciones climáticas adversas.

La investigación también señala que, cuando los menores se negaban a cumplir con las actividades, podían ser castigados con la restricción de alimentos o ser obligados a permanecer fuera del edificio, incluso durante la noche o en días de frío. Además, se registraron episodios de violencia física, así como condiciones de higiene deficientes y una alimentación considerada insuficiente.

Otro de los aspectos detectados por los investigadores fue el aislamiento de los menores respecto del entorno. Según la causa, los chicos tenían limitado el contacto con vecinos o personas externas, lo que dificultaba que pudieran contar lo que ocurría dentro del hogar.

También se constató que no asistían regularmente a la escuela, lo que implicaba una vulneración de sus derechos básicos a la educación y a la salud.

Investigación por presunto encubrimiento

En paralelo, la Justicia investiga la posible participación de dos funcionarias del Servicio Zonal de Protección y Promoción de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de La Matanza, sospechadas de haber alertado a las responsables del hogar sobre inspecciones judiciales.

Según consta en la causa, las funcionarias habrían utilizado información privilegiada para advertir sobre procedimientos previstos, lo que habría permitido modificar el estado del lugar antes de los operativos.

Uno de los mensajes incorporados a la investigación señala que una de las funcionarias habría avisado por WhatsApp sobre el operativo, con el objetivo de que pudieran eliminar evidencias o acondicionar el establecimiento antes del allanamiento.

El hogar “Nido de Águilas” ya había sido mencionado públicamente en enero de 2023, cuando internos de la Unidad Penal 54 de Florencio Varela donaron juguetes y muebles infantiles restaurados para los chicos que vivían allí. En ese momento se informó que en el lugar residían menores de entre 2 y 14 años. Ahora, la investigación judicial busca determinar las responsabilidades penales y administrativas por las condiciones en las que vivían los niños y por el funcionamiento del establecimiento.