El Gobierno de Catamarca, a cargo de Lucía Corpacci, se defendió tras el violento desalojo de la protesta antiminera en Tinogasta, aunque sostuvo que iniciará las "actuaciones administrativas" necesarias para determinar si hubo excesos en el desempeño policial.
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"Nosotros cumplimos una orden judicial. Somos auxiliares de la justicia y es una responsabilidad que tenemos como Estado", expresó el ministro de Gobierno y Justicia provincial, Francisco Gordillo, en declaraciones televisivas.
El funcionario reconoció que el operativo dejó, por lo menos, 24 heridos, 11 de ellos policías, aunque también hay "perros policías y móviles destrozados".
"No estamos de acuerdo con ninguna represión", agregó Gordillo e indicó que iniciará las "actuaciones administrativas" necesarias para determinar si hubo mal accionar policial e identificar a los policías que reprimieron a través de las imágenes captadas por las cámaras de televisión.
Agregó, sin embargo, que había que dejar pasar a los camiones del yacimiento Bajo de la Alumbrera, porque cargaban "explosivos" que representaban un "peligro para la sociedad".
"Sí o sí se tenía que hacer el desalojo, pero no estamos justificando lo que la policía puede llevar adelante. Se cumple con una orden judicial de desalojo de la ruta, para garantizar el estado de derecho en la provincia y el libre tránsito para todos", dijo el ministro.
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