La causa apunta a Argentina Salud por presunto ejercicio ilegal, uso de sellos falsos y ambulancias no habilitadas.
La Justicia clausuró una clínica de González Catán investigada por presunto ejercicio ilegal de la medicina y uso de documentación falsa.
Una clínica de González Catán quedó en el centro de una causa judicial por presunto ejercicio ilegal de la medicina, falsificación de documentación sanitaria y funcionamiento irregular de centros de atención bajo el nombre “Argentina Salud”. El caso tomó mayor repercusión este miércoles, luego de una protesta de vecinos frente al establecimiento por la muerte de un paciente que había sido atendido en el lugar.
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La investigación, a cargo de la Justicia de La Matanza, derivó en 13 allanamientos simultáneos realizados por la Policía Federal en domicilios de Virrey del Pino, González Catán, Ramos Mejía y otros puntos vinculados a la causa. Como resultado de los procedimientos, al menos seis personas fueron detenidas, mientras que otras 23 quedaron bajo investigación por distintos grados de participación.
La causa fue caratulada como asociación ilícita, ejercicio ilegal de la medicina y otros delitos. Según la pesquisa, la estructura habría funcionado durante varios años con consultorios, farmacias, depósitos, ambulancias y servicios médicos a domicilio, pese a que parte del personal no contaba con habilitación profesional correspondiente.
De acuerdo con la investigación, la organización utilizaba sellos y matrículas de médicos reales para emitir certificados y documentación falsa. Los datos habrían sido obtenidos de bases del Colegio de Médicos bonaerense y luego usados para simular la intervención de profesionales habilitados.
El caso comenzó a avanzar a partir de la denuncia de la cirujana plástica Romina Neira, quien detectó que se había utilizado una firma similar a la suya en un certificado médico falso. La profesional aseguró que nunca trabajó en Argentina Salud y que la especialidad consignada en la documentación tampoco correspondía con su actividad.
La maniobra habría afectado a al menos 50 médicos de la Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueron usados en certificados u otros documentos sin autorización. Además, los investigadores detectaron presuntas irregularidades vinculadas a ambulancias no habilitadas, farmacias clandestinas y adulteración de documentación sanitaria.
En los establecimientos allanados se secuestraron medicamentos, papeles, sellos y otros elementos de interés para la causa. También fueron inspeccionados un garaje donde se guardaban ambulancias, un depósito, consultorios y viviendas particulares.
Entre los principales investigados aparecen Rubén Santarceri y Gabriel Musse, quienes ya habían estado detenidos en otra causa vinculada a un homicidio relacionado con piratas del asfalto.
También fueron arrestados Nicolás Alberto Santarceri y Brian Marcelo Santarceri, hijos de Rubén; Noelia Sofía Luna, esposa de uno de ellos; y Dunia Mercedes Suazo Pulido, una médica cubana que, según la investigación, no tenía validada su matrícula en la Argentina.
Para los investigadores, esas seis personas habrían integrado el núcleo inicial de la presunta organización. El expediente está en manos del fiscal Fernando Garate, de la UFI descentralizada N°1 de La Matanza, y del juez de Garantías Rubén Ochipinti.
La causa generó tensión en González Catán luego de que familiares de un paciente fallecido se presentaran frente a la clínica para reclamar su cierre. Damián, hijo del hombre muerto, denunció que su padre fue atendido en el establecimiento tras sufrir un dolor abdominal, le realizaron un electrocardiograma, le aplicaron una medicación y lo enviaron de regreso a su casa.
Según relató, su padre murió pocos minutos después. El hombre sostuvo que, cuando luego acudieron a una unidad de atención pública, les indicaron que la clínica debería haberlo derivado a un hospital y no mandarlo a su domicilio.
El reclamo derivó en incidentes con empleados del lugar, rotura de vidrios, corridas y un operativo de seguridad de la Policía Bonaerense. Los vecinos cuestionaron que el establecimiento continuara abierto pese a los allanamientos y a las denuncias acumuladas.
Durante los disturbios, efectivos policiales retuvieron a tres personas que habrían participado de los incidentes, entre ellas el propio familiar del paciente fallecido. La situación obligó a montar un cordón policial frente a la clínica para evitar nuevos enfrentamientos.
La causa también sumó el testimonio de una mujer identificada como Noelia, expareja de uno de los hijos de Santarceri, quien aseguró que en 2020 había abierto consultorios bajo otro nombre y que luego su exsuegro se habría apropiado del lugar.
Según su relato, el establecimiento pasó a funcionar posteriormente como Argentina Salud y comenzó a operar con irregularidades. La mujer afirmó que había denunciado la usurpación de los consultorios y la falta de controles sobre títulos, matrículas y documentación de supuestos profesionales.
Los investigadores ahora buscan determinar el alcance completo de la red, la cantidad de pacientes atendidos, el origen de los medicamentos secuestrados y el nivel de responsabilidad de cada una de las personas involucradas.