La iniciativa fue presentada luego de que la Justicia desarticulara una organización acusada de captar argentinos para combatir en Ucrania. Busca sancionar el reclutamiento, financiamiento y organización de estructuras armadas ilegales.
El proyecto busca cubrir el vacío legal frente al reclutamiento de argentinos para combatir en guerras extranjeras.
El diputado nacional Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto para reformar el Código Penal y tipificar el mercenarismo y la conformación de organizaciones armadas privadas ilícitas. La iniciativa surge mientras la Justicia argentina investiga una red acusada de reclutar ciudadanos para enviarlos a combatir en la guerra entre Ucrania y Rusia.
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El legislador del Frente Renovador propone sancionar a quienes presten servicios militares a cambio de una remuneración por fuera de los casos permitidos por el derecho internacional y la legislación argentina. El alcance de la reforma también comprendería la creación, organización, integración y financiamiento de ejércitos privados.
“Mientras la Justicia argentina investiga redes de reclutamiento de ciudadanos para combatir en guerras extranjeras, nuestro Código Penal todavía carece de una regulación específica sobre el mercenarismo y las organizaciones armadas privadas. Esta reforma viene a cubrir ese vacío legal”, sostuvo Gutiérrez.
Según los fundamentos de la propuesta, el objetivo es preservar el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza y proteger la seguridad nacional, la soberanía, la integridad territorial y el orden constitucional frente a la aparición de nuevas estructuras armadas transnacionales.
El proyecto contempla agravantes cuando esas organizaciones afecten la defensa nacional, incorporen a menores de edad o faciliten la comisión de crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad o actos de terrorismo.
Al mismo tiempo, excluye expresamente a las Fuerzas Armadas y de seguridad cuando actúen en cumplimiento de sus funciones, las misiones autorizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), las empresas de seguridad privada habilitadas y el personal humanitario y sanitario.
La presentación del proyecto se conoció luego de que una investigación de la Fiscalía Federal N°1 de Lomas de Zamora y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) permitiera desarticular una organización acusada de captar argentinos con falsas ofertas laborales para enviarlos a combatir en Ucrania.
La pesquisa comenzó en marzo, cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria detectó irregularidades durante un control a cuatro hombres que intentaban viajar desde el aeropuerto de Ezeiza. Los pasajeros desconocían quién había comprado sus pasajes, quién los recibiría en Europa y cuál sería concretamente su trabajo.
A partir de ese episodio, los investigadores determinaron que la organización buscaba principalmente exmilitares, expolicías y antiguos integrantes de fuerzas de seguridad mediante publicaciones en redes sociales. A los interesados les prometían contratos de entre seis meses y tres años, además de salarios cercanos a los u$s3.000 mensuales.
Sin embargo, una vez en Ucrania, algunos de los reclutados habrían sufrido la retención de sus documentos y cobrado apenas u$s600. También les prometían un seguro de vida de u$s400.000 para sus familias en caso de morir durante el conflicto, una cobertura que, según la Justicia, nunca existió.
Por el caso fue detenida en Tigre la expolicía bonaerense Griselda Inés Ortiz, acusada de recibir cerca de u$s400 por cada persona reclutada. Su pareja, el expolicía Jorge Otero, conocido como “Sargento Trembo”, permanece prófugo y tiene un pedido de captura internacional.
Las autoridades estiman que distintas células ya habrían enviado al menos a 50 argentinos a combatir en Ucrania durante los últimos nueve meses.
El proyecto de Gutiérrez busca adaptar la legislación argentina a las nuevas modalidades de reclutamiento y financiamiento transnacional. Estas organizaciones pueden operar mediante redes privadas de logística, inteligencia y captación sin integrar formalmente las fuerzas de ninguno de los países involucrados.
“Detrás del negocio de la guerra privada están las mafias que reclutan jóvenes a cambio de dinero. Muchos son extorsionados y mueren sin poder volver en un frente de batalla olvidado”, afirmó el diputado.
En los fundamentos también se mencionan las advertencias formuladas por el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Grupo de Trabajo de la ONU y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la expansión de las organizaciones militares privadas y los riesgos que representan para el derecho internacional humanitario.