El aumento de abril se definirá por la inflación de febrero: conocé los detalles y a qué grupos alcanza.
Los haberes se actualizan mensualmente, según el índice de inflación.
Las jubilaciones, pensiones y asignaciones que paga ANSES tendrán un nuevo aumento en abril en línea con la fórmula de movilidad vigente que ajusta los haberes mensualmente según la inflación. El incremento se definirá a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero de 2026, que es el indicador que utiliza el organismo para actualizar los ingresos de millones de beneficiarios en todo el país.
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Este mecanismo de actualización mensual se implementó con el objetivo de evitar retrasos en los haberes frente a la suba de precios, permitiendo que los ingresos se ajusten de forma más dinámica en comparación con esquemas anteriores. Según estimaciones privadas y datos oficiales, la inflación de febrero se ubicó en torno al 2,9%, lo que anticipa un incremento en ese mismo rango para abril.
El aumento impactará en todos los grupos del sistema previsional: jubilaciones mínimas y máximas, pensiones no contributivas, PUAM, Asignación Universal por Hijo (AUH) y asignaciones familiares del sistema SUAF. Este ajuste se suma a los incrementos mensuales que se vienen aplicando desde el cambio de fórmula, consolidando un esquema de actualización continua basado en la inflación.
El dato de inflación de febrero es determinante porque define directamente el porcentaje de aumento que se aplicará en abril. Desde la modificación del sistema previsional, los haberes se actualizan mensualmente tomando como referencia el IPC de dos meses anteriores. Esto implica que cada variación en los precios tiene un impacto casi inmediato en los ingresos de los beneficiarios.
En febrero de 2026, la inflación mensual se ubicó cerca del 2,9%, manteniendo una tendencia de desaceleración en comparación con períodos anteriores, aunque todavía en niveles elevados. Este dato se convierte en la base del cálculo para el aumento de abril, que replicará ese porcentaje en los haberes previsionales.
El objetivo de este sistema es acompañar el ritmo de los precios y evitar que los ingresos queden desactualizados durante largos períodos. Sin embargo, especialistas señalan que el impacto real depende de si los aumentos logran igualar o superar el crecimiento del costo de vida, especialmente en rubros sensibles como alimentos, servicios y medicamentos.
El índice general de inflación no siempre refleja el gasto específico de los jubilados, que suelen destinar una mayor parte de sus ingresos a salud y productos esenciales. Por eso, aunque el sistema permite ajustes más frecuentes, el poder adquisitivo sigue siendo una de las principales preocupaciones dentro del sistema previsional.
Con una inflación estimada entre el 2,8% y el 2,9%, las prestaciones de ANSES tendrán un nuevo incremento en abril. En base a los valores actuales de marzo, los montos quedarían aproximadamente de la siguiente manera:
Jubilación mínima: pasaría de $369.600 a cerca de $380.000.
Jubilación mínima con bono: alrededor de $450.000 si se mantiene el refuerzo.
PUAM: superaría los $300.000.
Pensiones no contributivas: rondarían los $265.000.
En el caso de las asignaciones:
AUH: aumentará en el mismo porcentaje.
SUAF: se ajustará según los rangos de ingresos familiares.
El impacto del incremento será diferente, según cada caso. Para quienes cobran la mínima, el bono es determinante en el ingreso total, mientras que en jubilaciones más altas el aumento se aplica únicamente sobre el haber base. En el caso de la AUH, también se aplicará el incremento, aunque se mantiene la retención del 20%, que se cobra posteriormente con la presentación de la Libreta AUH.
El nuevo sistema de movilidad previsional, implementado a partir de abril de 2024 mediante el DNU 274/2024 del gobierno de Javier Milei, establece actualizaciones mensuales basadas exclusivamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, con un rezago de dos meses (por ejemplo, el IPC de febrero define el aumento de abril).
Este mecanismo reemplazó la fórmula anterior de la Ley 27.609 (vigente desde 2021), que combinaba la evolución de los salarios (RIPTE) y la recaudación de la ANSES, con ajustes trimestrales. El cambio buscó hacer los incrementos más dinámicos y alineados con la inflación en un contexto de alta suba de precios, evitando rezagos prolongados que desactualizaban los haberes.
Ventajas del nuevo sistema en términos de efectividad
Mayor frecuencia y rapidez: los ajustes mensuales permiten que los haberes acompañen más de cerca la inflación corriente, reduciendo el período de pérdida de poder adquisitivo entre actualizaciones. En periodos de inflación descendente (como el observado desde mediados de 2024), esto estabiliza los ingresos y evita caídas reales adicionales.
Simplicidad y predictibilidad: al basarse solo en IPC, elimina variables más volátiles como la recaudación o salarios, lo que facilitó el control fiscal y contribuyó al superávit primario logrado por el gobierno.
Detuvo sangría inicial: tras la fuerte aceleración inflacionaria de diciembre 2023-enero 2024, la fórmula por IPC permitió recuperar terreno perdido en los primeros trimestres comparado con un esquema trimestral rezagado.
Desventajas y críticas a la efectividad
Pérdida acumulada de poder adquisitivo: según múltiples informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y otros centros de estudios (datos a enero/diciembre 2025), la jubilación mínima (sin bono) se ubica significativamente por debajo de lo que habría resultado con la fórmula anterior. Por ejemplo, en diciembre de 2025, el haber mínimo era de alrededor de $340.886, mientras que con la Ley 27.609 habría alcanzado $434.279 (una diferencia del 27,4% o unos $93.000 mensuales menos).
Impacto regresivo en haberes mínimos: el bono de refuerzo ($70.000) se mantiene fijo desde marzo de 2024, lo que diluye su peso relativo: mientras los haberes base crecieron ~154% entre marzo 2024 y diciembre 2025, el total con bono solo subió ~101%. Si el bono se hubiera ajustado igual, debería haber sido mucho mayor (~$177.000). Esto afecta especialmente al 70% de jubilados que cobran la mínima.
IPC no refleja gastos de jubilados: el índice general no captura del todo el peso mayor que tienen salud, alimentos y servicios en el presupuesto de los adultos mayores, por lo que los ajustes pueden no preservar el poder de compra real en esos rubros clave.
Comparación histórica: la fórmula anterior (Ley 27.609) habría sido "superadora" en el mediano plazo según CEPA, especialmente al desacelerarse la inflación, ya que incorporaba ganancias salariales y recaudación. Se eliminó justo antes de que pudiera generar mejoras reales post-crisis inflacionaria.