En julio pasado, el gobierno de Mauricio Macri aumentó 114% la tarifa de los parquímetros.
El juez en lo contencioso administrativo y tributario porteño Francisco Ferrer, suspendió en los últimos días el llamado a licitación para la colocación de parquímetros en diversos lugares de la Ciudad de Buenos Aires.
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El juez hizo lugar a una medida cautelar por la que se frenó el llamado a licitación pública nacional para la concesión del sistema de parquímetros y su extensión a más barrios de la Ciudad, hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en el marco de una acción para que se declare la inconstitucionalidad de la norma que lo estableció.
El pedido fue efectuado por la vecina Fernanda Leonor Martín quien fue a la justicia para que se declare la "inconstitucionalidad" de la norma que otorgó en concesión el servicio de control del estacionamiento en los tramos de diversas arterias de la ciudad. Además, reclamó una medida provisoria cautelar para interrumpir el proceso licitatorio.
La ley, según el reclamo creaba el "Sistema de Estacionamiento Regulado", que facultaba a quien ganara la licitación a que "por cuenta y orden de la Ciudad, los explotará comercialmente, cobrando una tarifa por el estacionamiento, como así también efectuara la remoción de los vehículos que se estacionen en esas arterias sin efectuar el pago correspondiente". De esta forma, "los bienes públicos que actualmente son de utilidad gratuita de los ciudadanos, pasarían a convertirse en bienes de utilización onerosa", lo que equivaldría a una virtual privatización de las calles.
"El dictado de la ley 4.888 dispuso una concesión sobre el dominio público y por ello encuadra dentro de la normativa que impone el procedimiento de doble lectura para la sanción de leyes que importen 'concesión, permiso de uso o constitución de cualquier derecho sobre el dominio público de la Ciudad'", dijo el juez en la resolución.
El magistrado dictó "una medida cautelar que contribuya y preserve el derecho a una democracia participativa y su efectivo goce a través de la participación de los habitantes en el procedimiento de doble lectura, no puede considerarse contraria a dicho interés".
La suspensión del proceso licitatorio regirá "hasta que recaiga sentencia definitiva o, en su caso, se acredite el cumplimiento del procedimiento de doble lectura previo a la sanción de la ley que pretenda introducir modificaciones sobre el Sistema de Estacionamiento Regulado".
El Gobierno porteño de Mauricio Macri sostuvo que se debe desestimar el planteo de la amparista argumentando que en calidad de habitante de la Ciudad la vecina no ha podido demostrar que la concesión de dicho servicio público produjera un "perjuicio personal, concreto y directo" sobre su persona.
Además, resaltó que con esta licitación se podrían optimizar los controles vehiculares, desde el punto de vista de tránsito y particularmente del estacionamiento urbano, y que "no se pretende ejercer un acto de disposición de un inmueble de dominio público, sino concesionar un servicio público como es el de la regulación y control del tránsito de la Ciudad".
En julio pasado, el Gobierno del PRO aumentó 114% la tarifa de los parquímetros. A través del Boletín Oficial anunció que la tarifa pasará de costar $ 1,40 a $ 3 la hora. La administración de Macri señaló que el incremento del estacionamiento medido se debe por "una desactualización generada por los reiterados incrementos en los insumos".
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