Justicia correntina condenó a 22 años a Josele por el crimen de Maxi Aquino

Juan José Altamirano, alias Josele, fue el único acusado del crimen de Maxi Aquino. Tras ser detenido, denunció que lo forzaron a admitir el crimen y que fue víctima de apremios ilegales en comisarías y sedes policiales.

El Tribunal Oral Penal (TOP) Nº 2 de Corrientes condenó a 22 años de prisión a Juan José Andrés Altamirano, alias "Josele", por el crimen del estudiante de agronomía Maxi Aquino ocurrido en agosto de 2015.

Los jueces Héctor Gustavo Azcona, Juan José Cochia y María Elisa Morilla consideraron a Josele autor del asesinato a puñadas de Aquino, pero lo desligaron del supuesto intento de robo de un celular, que jamás se constantó.

En un proceso judicial plagado de irregularidades desde el inicio, Altamirano llegó al juicio oral acusado del delito de robo con arma en grado de tentativa en concurso real con homicidio criminis causa. Sin embargo, sus familiares y abogados denunciaron en reiteradas oportunidades que no había pruebas suficientes para involucrar a Josele en la muerte de Maxi, un joven de clase media que vivía en el barrio San Roque.

Aquino fue abordado en la calle por dos personas en moto a la salida de una peña organizada por el club local Regatas y sin mediar amenaza ni advertencia previa fue atacado a cuchillazos. Minutos después murió desangrado en la vía pública. Al momento del ataque estaba acompañado por una compañera de la facultad, que no pudo reconocer a los agresores. La principal prueba contra Josele fue una gota de sangre de la víctima que apareció en un pantalón jean del detenido. Esa muestra de ADN fue la que lo condenó. Nunca apareció el arma homicida ni un testimonio que ubique a Altamirano en la escena del crimen esa madrugada. Tampoco se identificó la moto ni otras prendas de vestir del victimario.

Como informó ámbito.com, el Observatorio de Políticas Públicas, Legislativas y Comunicacionales (OPPLeC) y el Movimiento de Profesionales para los Pueblos (MPP) manifestaron antes de la condena que la causa judicial "presenta diversas irregularidades que son motivo suficiente para requerir a las autoridades judiciales de Corrientes especial énfasis en el control de legalidad de la investigación y el respeto del debido proceso".

Las dos entidades denunciaron tiempo atrás múltiples irregularidades procesales, abusos y torturas en la detención de Josele, pero que el Tribunal no tuvo en cuenta a la hora de dictar sentencia. Ante la falta de pruebas evidentes, los jueces no se animaron a culparlo del robo y solo le adjudicaron el homicidio. De otro cómplice que iba en la moto no se sabe nada.

En la última jornada del juicio oral, el padre del estudiante asesinado, Adriano, dialogó brevemente con los medios. "Estamos con mucha expectativa. Hoy se cierra una etapa. Estamos con familiares, amigos, estudiantes, estamos esperando pero igual vamos a seguir buscando que se esclarezca todo, no vamos a bajar los brazos, buscamos que se haga justicia por Maxi", dijo según reprodujeron medios locales.

Alejandrino, el padre de Josele, volvió a insistir en la inocencia, pero de nada sirvió. "Ojalá los jueces se den cuenta y detengan a los verdaderos culpables. En todo momento ayudamos para que esto se esclarezca, pero la Policía y la Justicia no hicieron lo que tenían que hacer", remarcó.

El abogado defensor del acusado, Hermindo González, pidió antes del veredicto ponderar certezas y no dudas. "Las pruebas respecto del hecho son mínimas, y con respecto a la vinculación de Altamirano son directamente 'inexistentes'. Hay una clara insuficiencia probatoria para una acusación tan grave. En esta etapa se necesitan 'certezas', no dudas", sostuvo. Ahora se espera una apelación de la condena y que la causa llegue hasta la máxima instancia judicial provincial.

El "caso Maxi Aquino" generó mucha conmoción en la sociedad correntina. Los medios cubrieron de cerca los acontecimientos judiciales luego que se difundió a fines del año pasado un video grabado con un teléfono donde se observa y escucha a Josele esposado a una silla, dentro de una comisaría, con un ojo morado por un golpe, respondiendo preguntas inductivas de un policía que lo arrastra a confesar el crimen. Ese documento tampoco se incorporó al juicio.