Los gremios del transporte decretaron el estado de alerta y movilización que podría culminar en una paralización de los servicios como respuesta al decreto del Gobierno nacional que desreguló el sector y que, además, busca limitar el derecho a la huelga en múltiples ramas laborales de la actividad económica.
La Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) se reunió esta jornada en la sede de la Confederación General del Trabajo en un Plenario Nacional de Secretarios Generales y Cuerpo de delegados donde definieron pasar a un plan de lucha que comenzará en junio y que, eventualmente, podría confluir en medidas de acción directa.
De acuerdo a un comunicado de la CATT, entre la acciones gremiales podrían incluirse "paros sectoriales y asambleas sorpresivas". Además, anunciaron que convocarán a una movilización "contra el decreto de desregulación de la Marina Mercante, la desregulación del sector aeronáutico, el desguace de Vialidad Nacional y un nuevo intento de cercenar el derecho de huelga".
La CATT hizo un "llamado urgente" al Gobierno de Javier Milei "para que entable un diálogo serio y constructivo con los representantes de los trabajadores del transporte" con el fin de hallar "soluciones a los problemas que afectan al sector y garantizar la estabilidad laboral y la industria nacional".
Según advirtieron, la medida "afecta directamente a los trabajadores del transporte y ponen en riesgo tanto la estabilidad laboral como las condiciones de trabajo conquistadas a lo largo de la historia". El mensaje lleva la firma del secretario general, Juan Carlos Schmid, y el secretario de prensa de la CATT, Juan Pablo Brey.
En el Plenario participaron cerca de 500 representantes de gremios afiliados a la CATT. Estuvieron presentes Omar Maturano, Secretario General de La Fraternidad, y representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Ensenada, como también como representantes de la Federación Internacional de Trabajadores del Transporte.
El DNU que desregula la actividad del transporte
A través del decreto 340 del Boletín Oficial, que desreguló el transporte marítimo, el Gobierno limitó el derecho a huelga de gran parte de los sindicatos, tras ampliar las actividades consideradas esenciales.
“Los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”, indicó el artículo 3 del decreto, que modifica el artículo 24 de la ley N° 25.877.
El texto precisó que en cuanto a la "prestación de servicios mínimos esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare". Además, el texto siguió que "en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.
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