El empresario está acusado de abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil. El juez Carlos Bruniard rechazó los planteos de la defensa y resta definir el tribunal que llevará adelante el debate.
Marcelo Porcel llegará a juicio acusado de delitos sexuales contra 10 menores de edad.
La Justicia ordenó elevar a juicio oral la causa contra Marcelo Porcel, acusado de haber cometido delitos sexuales contra 10 alumnos menores de edad del colegio Palermo Chico. La decisión fue adoptada por el juez Carlos Bruniard, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 50.
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El magistrado hizo lugar a los requerimientos presentados por el fiscal Pablo Turano y por el abogado querellante Pablo Hawlena Gianotti, al considerar concluida la etapa de investigación. La acusación particular adelantó que durante el debate solicitará una pena de 15 años de prisión.
Porcel llegará a juicio imputado por abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por haber sido presuntamente cometido contra menores de 13 años y aprovechando su función de guardador, en al menos 10 oportunidades.
También está acusado de corrupción de menores de 13 años, reiterada en al menos 10 hechos, y de un caso de producción de material de abuso sexual infantil. Los delitos fueron atribuidos en concurso, por lo que las penas previstas para cada figura podrían acumularse en caso de una eventual condena.
Antes de que se resolviera la elevación a juicio, la defensa de Porcel presentó diferentes objeciones con el objetivo de impedir que el expediente avanzara hacia esa instancia.
Entre sus principales pedidos, reclamó que se declararan nulas las declaraciones que los menores brindaron en Cámara Gesell. También cuestionó los requerimientos de elevación formulados por la fiscalía y la querella, al considerar que contenían presuntas irregularidades procesales.
Porcel solicitó además su sobreseimiento bajo el argumento de que los hechos investigados no constituían delitos y que las pruebas reunidas resultaban insuficientes para avanzar con el proceso penal. Todos esos planteos fueron desestimados.
La defensa también pretendía que, antes de cerrar la investigación, declararan personal doméstico, vigiladores, antiguos empleadores y nuevos peritos. Esas medidas buscaban aportar información sobre el vínculo del acusado con los menores y su entorno social.
Bruniard consideró que las diligencias solicitadas no eran indispensables para resolver la situación procesal y dio por finalizada la instrucción.
Otro de los pedidos rechazados fue la realización de un juicio por jurados. El magistrado señaló que ese mecanismo todavía no se encuentra implementado en el fuero para los delitos incluidos en el expediente. Tras la elevación, resta que se realice el sorteo del Tribunal Oral en lo Criminal que quedará a cargo del juicio.
Mientras avanza el proceso, Porcel permanece monitoreado mediante una tobillera electrónica. También tiene prohibido acercarse a los denunciantes y a sus familias, salir del país o permanecer fuera de su domicilio durante períodos prolongados.
Los menores, por su parte, recibieron botones antipánico de la Policía de la Ciudad. Los dispositivos permiten alertar de manera inmediata a las autoridades ante una eventual situación de riesgo.
Los episodios investigados habrían ocurrido entre 2022 y 2023. El caso tomó estado público después de que los padres conocieran los relatos de sus hijos y comenzaran a impedir que participaran en reuniones organizadas por el empresario.
Las denuncias fueron formalizadas en 2024 y quedaron bajo la investigación del fiscal Turano. Durante la instrucción, los 10 menores prestaron declaración en Cámara Gesell.
Según la acusación, los hechos habrían ocurrido en distintos inmuebles vinculados con Porcel: su vivienda familiar en Palermo, un departamento desocupado perteneciente a su madre en la Torre Le Parc de Puerto Madero y sus oficinas.