Marcha atrás: la justicia de Mendoza prohibió los celulares en las cárceles

El juez Sebastián Sarmiento decidió poner fin a la autorización otorgada durante la pandemia, permitiendo el uso de teléfonos celulares en las cárceles. No obstante, anticipó que las únicas que seguirán con el beneficio serán las mujeres debido a que no tienen la facilidad para comunicarse con sus hijos.

El uso de celulares volvera a estar restringido en las cárceles de Mendoza. 

El juez Sebastián Sarmiento resolvió que los presos alojados en penales provinciales no podrán acceder a teléfonos celulares dentro de las cárceles, debido a que finalizó la emergencia sanitario que lo habilitaba en el 2020 a partir de la cuarentena ordenada por la pandemia del coronavirus.

La única excepción en su resolución fue el caso de las mujeres privadas de su libertad, quienes podrán seguir con celular dentro de los penales para comunicarse con sus hijos.

Cómo se llego al dictamen de la prohibición de celulares en las cárceles de Mendoza

El planteo surgió a fines del 2023 cuando el 31 de diciembre se terminaba el decreto del ex presidente Alberto Fernández sobre la tenencia autorizada de celulares dentro de los penales debido a la pandemia y el aislamiento social obligatorio, por los cuales los internos no podían recibir visitas.

Ante esto, el juez Sarmiento emitió el primer día de este 2024 un prórroga por 10 días y convocó a una audiencia con diferentes actores sobre el tema quienes expusieron su posición. Solo el Ministerio Publico Fiscal y el Servicio Penitenciario se opusieron a la continuidad del beneficio e indicaron que tenía que volver a aplicarse la ley vigente.

El veredicto del juez Sebastián Sarmiento sobre los celulares en las cárceles de Mendoza

En la tarde del miércoles el juez Sebastián Sarmiento dio su veredicto final. "Rechazar la solicitud planteada por los Defensores y Defensoras Oficiales de la provincia de Mendoza, Procurador de las Personas Privadas de Libertad y la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza, y disponer la finalización de la autorización para la utilización de telefonía móvil de las personas privadas de libertad en los contextos carcelarios de la provincia de Mendoza".

Los argumentos de quienes están a favor del uso de teléfonos móviles en las cárceles de Mendoza

Los argumentos de quienes están a favor de continuar con el uso se sostienen en que la utilización de celulares es un derecho humano básico que deben tener todas las personas.

En esa postura se centraron la Defensoría General de la provincia, representada en la audiencia por Rafael Manzur; el Procurador de las Personas Privadas de Libertad, Luis Romero; también la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia de la Suprema Corte de Justicia.

Cómo se hará el retiro de celulares en las cárceles de Mendoza

Según el dictamen, el plazo de retiro efectivo debería "no ser menor a los seis meses, debiendo notificar con una debida anticipación a las personas privadas de la libertad".

Sarmiento dejó en claro que el Servicio Penitenciario "sólo podrá retirar los equipos de telefonía celular en aquellos sectores donde se le garanticen una frecuencia de visitas igual a que le se venía usufructuando, previa al inicio de la pandemia en el año 2020".

Las mujeres podrán tener celular en la cárcel

En su resolución, el juez Sarmiento indicó: "Hacer lugar parcialmente a la solicitud de la Procuración de Personas privadas de la libertad, y mantener la autorización excepcional para la utilización de telefonía móvil en los centros de detención que se encuentren alojadas mujeres hasta tanto se adecúen las normas reglamentarias a los parámetros establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará) y se cumplan con las condiciones dispuestas en el punto siguiente".

Al respecto, el magistrado señaló: "El único universo que quedó en protección fue el de las mujeres detenidas porque los parámetros que se tienen que tener en cuenta son mucho más amplios, con una mirada mucho más reforzada respecto al cumplimiento de sus derechos y además tiene consideración el rol".

"La gran mayoría son madres y hay poco contacto con sus hijos, el sistema de telefonía pública no cumple esos parámetros, muchas veces las mandan a encierro y no alcanzan a llamar a sus hijos luego que vuelan a la escuela o cuando están enfermos o cualquier otras circunstancias, por lo cual hay una situación de desventaja que debe ser reparada. Hasta tanto, no se reglamente o no tengan en consideración esos aspectos, en el caso de ellas van a seguir usando el teléfono", concluyó.