La Justicia porteña determinó la suspensión de todas las obras de demolición y remodelación previstas en el icónico estadio.
El icónico estadio no abre sus puertas desde enero del 2025.
Esta semana, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires resolvió revocar la decisión de primera instancia e impuso la paralización de cualquier trabajo de construcción o demolición en el estadio Luna Park, hasta que no se establezca un fallo definitivo.
El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.
El icónico estadio fue fundado por Ismael Pace y José Lectoure en 1931, quedando bajo propiedad de esta última familia hasta el 2013. Tras el fallecimiento de su última propiertaria, fue transferida a una sociedad conformada por Cáritas Argentina y la Sociedad Salesiana. No abre sus puertas desde enero del 2025, cuando comenzó a conocerse la intención del Arzobispado de Buenos Aires -en conjunto con el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la Comisión Nacional de Monumentos- de habilitar el inicio de obras.
En ese marco, se conoció una propuesta de "puesta en valor" en conjunto con las compañías DF Entertainment y Live Nation, actuales administradoras. Sin embargo, la denuncia inicial presentada por el abogado Andrés Gil Domínguez consideró que "se desnaturaliza la esencia del edificio al incrementar su volumen, reemplazar la cubierta y modificar sustancialmente la fachada". A la espera de una sentencia definitiva, el actual fallo podría derivar en una modificación del proyecto o en su cancelación definitiva.
Entre los principales argumentos de las organizaciones demandantes, se consideró que los "edificios con protección estructural" no pueden ser alterado con un aumento de volumen, así como la integridad patrimonial no debe ser susceptible de atravesar una demolición de su interior. Es así que insisten con la intervención de organismos como el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP), el Consejo del Plan Urbano Ambiental (COPUA) y la Legislatura porteña.
En su fallo, los jueces camaristas Gabriela Seijas, Horacio Corti y Hugo Zuleta dieron aval a los elementos de los denunciantes, entendiendo que el proyecto podría vulnerar las normativas vigentes. Así fue que señalaron que la obra afectaría más del 20% de la superficie del inmueble, lo que requiere requisitos legales más estrictos.
A su vez los jueces advirtieron que existen indicios de que el proyecto alteraría el volumen original del edificio, algo expresamente limitado. Además de ratificar la norma que exige preservar la fachada y la cubierta, argumentaron que la defensa a los cuestionamientos legales planteados no fueron convincentes.
Dejá tu comentario