El plan de control ambiental conjunto que acordaron los Gobiernos de Argentina y Uruguay en torno a la planta de celulosa UPM (antes Botnia) arrancó con la visita del equipo de científicos de los dos países a las instalaciones de la fábrica en Fray Bentos.
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El inicio de las actividades de inspección coincidieron con la fecha elegida por los integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú para desarrollar una reunión en el paraje Arroyo Verde para determinar, junto a vecinos y comerciantes de la zona, las medidas a seguir en torno a la protesta por el funcionamiento de la ex Botnia.
El comité de especialistas, integrado por dos argentinos y dos uruguayos, ingresó por primera vez a la pastera, acompañados por funcionarios de la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), de Uruguay.
De esta forma, se dio el puntapié inicial al plan de control ambiental del Río Uruguay, que los presidentes Cristina Kirchner y José "Pepe" Mujica habían acordado el pasado 30 de agosto en la Quinta de Olivos, en base al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
A través de ese entendimiento, los mandatarios convinieron que los científicos podrán ingresar a la papelera al menos 12 veces al año, aunque ese número podría ampliarse si se registran irregularidades o focos contaminantes.
Ese acuerdo también estableció un plazo de sesenta días para fijar los términos de las actividades de control, que vence a comienzos de noviembre próximo.
Antes de esa fecha, los equipos técnicos de ambos países deberán definir de qué forma, cuáles, cómo y dónde serán recogidas las muestras a estudiar, a fin de determinar si la pastera es un factor contaminante para la zona.
Mientras tanto, pese al inicio del plan de control, los ambientalistas mantienen la protesta contra la ex Botnia y los reclamos al Gobierno nacional, disconformes con la postura que adoptó la Casa Rosada en torno al conflicto.
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