Dos sobrevivientes de la represión policial de diciembre de 2001, en las jornadas previas a la renuncia del presidente Fernando de la Rúa, pidieron la elevación a juicio de la causa contra cinco policías por "tentativa de homicidio" de manifestantes.
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Así lo solicitó el abogado Rodolfo Yanzón, en representación de Martín Galli y Paula Simonetti, mediante un escrito presentado ante el Tribunal Oral Federal Nº 6 (TOF6).
El letrado pidió que los policías Ariel Gonzalo Firpo Castro, Norberto Pablo Sabbino, Sebastián Leonardo Saporiti, Horacio Bautista Berardi y Mario Andrés Seia, vayan a juicio por "tentativa de homicidio".
En su presentación, Yanzón recordó que la Cámara Federal, en julio de 2002, había suscripto que "a partir del estado de sitio dictado durante el día 19 de diciembre de 2001 como consecuencia de hechos de violencia que se producían en distintas localidades, se desarrollaron en todo el país protestas públicas con diferentes contenidos y exteriorizaciones".
"Dentro del ámbito de la Capital Federal, ya en la noche del 19 y madrugada del 20 comenzaron a producirse episodios de violencia entre manifestantes y policías tales como el suceso en el que resultó herido de bala de plomo Jorge Demetrio Cárdenas en las escalinatas del edificio del Congreso de la Nación , o bien los múltiples lesionados como consecuencia del efecto de balas de goma", había dicho la Cámara al respecto, y ahora es invocado por el abogado.
Durante la represión policial, Simonetti sufrió heridas de bala en la espalda, mientras que Galli, en la cabeza.
Según pudo acreditarse hasta el momento en la pesquisa, muchos de los policías que participaron del operativo se movilizaron en diversos vehículos "no identificables" de los que se bajaron "desplegándose a manera de abanico y dispararon a mansalva municiones de guerra (propósitos generales) contra los manifestantes que encontraban descansando en la plazoleta que se encuentra en la mano contraria".
En ese contexto, fue que se produjo "la tentativa de homicidio" de Galli "producto de que recibiera un proyectil de arma de fuego en la región occipital, que no ha podido ser extraído" y de Simonetti "quien recibiera un disparo de arma de fuego a media espalda a milímetros de su aorta, que por la dificultad y peligrosidad de su extracción, aún tiene alojada".
"Las conductas de los imputados deben ser analizadas en conjunto, ya que resulta evidente la existencia de un acuerdo entre (por lo menos) los nombrados para ejecutar conjuntamente una serie de acciones dirigidas a dar muerte a un número indeterminado de personas", sostuvo el abogado en el escrito.
Además, concluyó que las pruebas "permiten afirmar que los imputados actuaron coordinadamente, siguiendo un plan unitario, con acabado conocimiento de la conducta que desplegaba el otro", puesto que agredieron a personas que se encontraban "desarmadas y en actitud pacífica, haciendo ostentación de su poder ofensivo mediante la portación de armas largas".
"Los imputados, miembros del Departamento de Control e Integridad profesional, lejos de cumplir con su rol específico -que consistía en controlar posibles desbordes policiales-, se lanzaron conjuntamente a una virtual cacería humana, disparando sobre manifestantes inermes que descansaban en una plazoleta sin generar peligro alguno", aseguró Yanzón.
La solicitud fue presentada ante el juez federal Claudio Bonadío, quien debe resolver aún la situación procesal del ex presidente De la Rua cuyo luego que la Cámara Federal revoque su sobreseimiento.
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