Piquetes: la Policía impedirá cortes

El gobierno nacional y bonaerense acató la orden judicial de garantizar la libre circulación y dispuso un operativo para evitar incidentes durante el corte de rutas y acceso a la Capital Federal que realizarán mañana los piqueteros.

La Justicia de la provincia de Buenos Aires redobló la ofensiva para prevenir incidentes con los grupos de piqueteros que mañana cortarán rutas y autopistas en 96 puntos del país y bloquearán los principales accesos a la Capital Federal. Ayer volvió a ordenar al gobierno nacional y bonaerense que adopte las medidas necesarias para evitar enfrentamientos y episodios de violencia.

Ambos gobiernos ratificaron que acatarán la decisión de la Justicia sobre los cortes de calles de desocupados.

De este manera, se pronunciaron a favor de la orden del juez de La Plata Adolfo Ziulu, quien resolvió que se garantice la libre circulación de vehículos durante la protesta y el derecho del resto de los ciudadanos a acudir a su trabajo.

•Trabajo delicado

Será una «operación con pinzas» porque las fuerzas de seguridad recibieron la instrucción de «no reprimir» sino de hacer un trabajo delicado: detectar a los que provoquen incidentes, marginarlos de la movilización y producir su detención sin que ésta se convierta en una batalla campal entres los manifestantes y los efectivos policiales y de Gendarmería.

La decisión del gobierno de Felipe Solá significa un nuevo empujón para disminuir el poder de las organizaciones piqueteras. Para el caso del gobierno nacional, éste no quiere repetir la fatídica experiencia de la gestión de Eduardo Duhalde, cuando las fuerzas de seguridad reprimieron a grupos de desocupados en el Puente Avellaneda. Todavía pesan políticamente las muertes de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán (después de ese suceso, la política con los piqueteros fue no reprimir sus manifestaciones aunque se hubieran provocado desmanes). Apuestan al desgaste de los piqueduros, porque consideran que sus reclamos se encuentran en los momentos finales, casi agónicos. Por lo menos, eso es lo que cree leer el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, a causa del disgusto y el malhumor que genera esta modalidad de protesta.

«En algún momento, la sociedad vio los piquetes como un modo de reclamo válido, pero ahora los cuestiona», remarcó Fernández llamando a la reflexión a los grupos piqueteros enrolados detrás de Raúl Castells y Néstor Pitrola. Ni siquiera la polémica Hebe de Bonafini está de acuerdo con los métodos de estos dirigentes y ayer denunció que punteros políticos les cobran a los desocupados a la salida del banco. Eso ocurriría en Ensenada, Berizzo, La Plata, Avellaneda y Quilmes.

•Acuartelamiento

El gran dilema pareciera ser cómo logrará el gobierno bonaerense y nacional evitar un choque violento, sobre todo si ocurre -como el viernes en Capital Federal-que transeúntes y automovilistas cansados de este tipo de manifestaciones deciden romper el bloqueo piquetero.

Por lo pronto, en la provincia de Buenos Aires se dispuso que personal de los cuerpos de Infantería y Caballería de la Policía Bonaerense permanezca acuartelado, en una especie de alerta operativa y preventiva ante los cortes de rutas.

El Ministerio de Seguridad bonaerensedio instrucciones para que los efectivos realicen patrullajes en zonas de probables cortes de calles, a fin de evitar la concreción de esas protestas. Algo de esto se vio luego del fallo judicial de Ziulu porque se reforzó la presencia policial en la Autopista La Plata-Buenos Aires.

La advertencia a los piqueteros de que no habrá «perdón judicial» también llegó de la mano del fiscal de ejecución penal de La Plata, Marcelo Romero. El funcionario judicial acusó a las organizaciones de desocupados que frecuentemente marchan a La Plata y cortan las calles frente al Ministerio de Desarrollo Humano provincial en esa ciudad de cometer «delitos de acción pública».

•Garantías

Romero, en su presentación, califica esa situación de «antijurídica» y destaca que si bien la Constitución nacional establece el derecho de peticionar a las autoridades también garantiza el derecho al trabajo.

Aunque la administración Kirchner se esfuerza por mantener la prudencia, los departamentos de Operaciones de la Policía Federal y de Gendarmería han recibido sugerencias -todavía no órdenes concretas-para que tengan a su personal en apresto. El despliegue policial no tendrá las características de los episodios del 20 de diciembre de 2001, cuando cayó Fernando de la Rúa, pero será importante sobre todo en cercanías del Puente Pueyrredón, en la Legislatura porteña y en el Congreso, donde están previstas dos concentraciones.