Según el Reporte Anual 2025 de Cedes e Ibis Reproductive Health, 87.603 interrupciones se registraron en 20 provincias durante el último año. La tasa fue de 7,45 por cada 1.000 mujeres en edad fértil, casi igual a la de 2023.
Revelan cuántos abortos legales se realizaron en hospitales públicos de 20 jurisdicciones.
Durante 2025 se registraron 87.603 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público de 20 provincias, según el Reporte Anual 2025 del Proyecto Mirar, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) e Ibis Reproductive Health. El número se mantuvo prácticamente estable respecto de 2023: la tasa fue de 7,45 por cada 1.000 mujeres en edad fértil, frente a 7,49 dos años antes.
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El relevamiento también mostró que la red de atención tuvo pocos cambios. En 2025 funcionaron 1846 establecimientos donde se realizaron estas prácticas, frente a los 1862 registrados en 2023. Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba concentraron el 72% de las intervenciones.
En 11 de las jurisdicciones que aportaron información, nueve de cada diez procedimientos se realizaron durante las primeras 12 semanas de gestación. La mayoría tuvo lugar en centros de atención primaria y se resolvió mediante tratamientos farmacológicos.
El Proyecto Mirar realiza este monitoreo desde 2022 a partir de pedidos de acceso a la información pública dirigidos a las áreas de salud de las 24 provincias y a la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. Para el informe de 2025 respondieron 16 jurisdicciones y los datos de Corrientes, San Juan, San Luis y Tucumán fueron completados con información nacional.
El relevamiento no permite obtener una cifra completa para todo el país. No se cuenta con datos sobre las prácticas realizadas en Catamarca, Formosa, Salta y Santiago del Estero, ni sobre aquellas efectuadas a través de obras sociales y establecimientos privados.
“Los indicadores cuantitativos muestran que la cantidad de interrupciones no ha descendido, el número de establecimientos que realizan abortos se ha mantenido, un alto porcentaje de intervenciones se realiza dentro de las 12 semanas de gestación, y las iniciativas legislativas y judiciales dirigidas a restringir, cuestionar o derogar la ley no han prosperado. El reto de sostener la política pública es muy alto, pero muestra resultados positivos”, analizó Silvina Ramos, socióloga e investigadora del Cedes.
El informe también advierte sobre una fuerte reducción en la distribución de anticonceptivos por parte del Gobierno nacional. Según las estimaciones incluidas en el reporte, la cobertura habría pasado de 1,2 millones de mujeres protegidas con insumos nacionales en 2024 a unas 63.000 en 2026, lo que representa una caída del 93%.
A partir de esos datos, el informe calcula que entre ambos años podría haber 840.000 mujeres menos protegidas frente a embarazos no intencionales. También estima 240.000 embarazos no intencionales adicionales y 112.000 interrupciones que podrían haberse evitado. Para estas proyecciones se utilizó el Impact Calculator del Guttmacher Institute.
Frente a la reducción de los suministros nacionales, 13 provincias recurrieron a fondos propios para sostener la provisión. Algunas adquirieron misoprostol, mientras que otras incorporaron tratamientos combinados de mifepristona y misoprostol o equipamiento para realizar aspiración manual endouterina.
En materia de acceso, nueve de las 16 provincias que respondieron al relevamiento informaron que cumplen con el plazo de diez días establecido para la provisión. Además, seis cuentan con líneas telefónicas gratuitas, WhatsApp o correo electrónico para brindar información sobre IVE/ILE.
Durante 2025, las consultas relacionadas con la interrupción voluntaria y legal del embarazo representaron el 94% de las llamadas recibidas por el 0800-SaludSexual, la línea gratuita del Ministerio de Salud de la Nación. De acuerdo con el informe, una parte importante de esos contactos estuvo vinculada con dificultades para acceder a los servicios.
El reporte también analizó el escenario judicial desde la sanción de la Ley 27.610. Según sus datos, desde su promulgación se presentaron 38 demandas contra la norma: 35 fueron rechazadas y tres continúan en trámite ante la Corte Suprema sin medidas cautelares.
En el Congreso, el informe señala que el 84% de las iniciativas legislativas vinculadas con el tema buscó proteger o ampliar derechos. Los proyectos orientados a limitar la aplicación de la ley no consiguieron dictamen de comisión.
“La disputa política y normativa siguió siendo intensa debido a que representantes y aliados del oficialismo impulsaron otras discusiones que afectaron la agenda de género y los derechos de las mujeres, como la discusión sobre falsas denuncias y la educación sexual integral (ESI)”, sostuvo Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora del Cedes.
El informe, además, advierte que todavía no existen cifras nacionales actualizadas sobre mortalidad materna, uno de los indicadores utilizados para evaluar las condiciones de acceso a interrupciones seguras del embarazo.