Riachuelo: mal momento de Picolotti ante Corte

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La secretaria de Ambiente, Romina Picolotti, pasó ayer un mal momento en sus intentos por defender ante la Corte Suprema de Justicia el plan integral del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo del gobierno, refutando con poco sustento las críticas sobre la viabilidad del programa.

Días atrás, un grupo de técnicos de la Universidad de Buenos Aires (UBA) había descalificado el plan presentado por el gobierno nacional en conjunto con el de la provincia de Buenos Aires y el porteño, en setiembre pasado. Entre los cuestionamientos se expuso que la normativa «era profusa y dispersa, sin basamento científico». También sostuvieron que la Secretaría de Medio Ambiente realizó mal las cuentas. Por eso ayer, durante dos horas, los ministros Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay escucharon las diversas posturas de las partes involucradas en la demanda presentada por un grupo de vecinos del barrio de La Boca por la contaminación en la región.

  • Unificación

    Picolotti, responsable de la elaboración del proyecto que demandará casi $ 6.000 millones de inversión, explicó que «se está en proceso de unificación de la normativa en materia de elementos líquidos y emisiones gaseosas», como también en «pleno intercambio de información en todas las áreas»: salud, industria, educación e infraestructura.

    Asimismo, la funcionaria destacó la « formación continua de inspectores, jueces de falta y fuerzas de seguridad» en materia de derecho ambiental.

    Los técnicos de la UBA -que elaboraron el informe por pedido de la Corte- también advirtieron sobre la superposición de facultades de la autoridad de cuenca con los municipios zonales, pero la funcionaria dijo que esa autoridad creada para monitorear y llevar adelante el plan de saneamiento «ya está creada por ley nacional».

    Pero el abogado que representa a los vecinos que presentaron la demanda cuestionó, además, la «carencia de formulación en la faz operativa, la ausencia de definiciones a corto, mediano y largo plazo de acciones previstas, e inconsistencias numéricas y presupuestarias».

    Además, dijo que el plan «trata superficialmente un tema de tal transcendencia como la salud de los vecinos de la cuenca».

    Por su parte, los representantes de las empresas demandadas, Tagsa y Orvol, aseguraron que «no existe impacto ambiental» en la zona del polo petroquímico Dock Sud, donde están instaladas las plantas de las empresas.

    Los empresarios advirtieron sobre los riesgos de las pérdidas de fuentes laborales si se obliga a las firmas a cerrar o mudarse a otra zona, tal como propuso el gobierno en su plan.

    Luego de escuchar durante dos horas y media las exposiciones, la Corte pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 10, cuando está previsto que continúe la audiencia pública.

    Los expertos de la Universidad de Buenos Aires recomendaron reprogramar el cronograma de medidas para evaluar previamente «la factibilidad y las consecuencias» de la aplicación del plan de Picolotti y «considerar los efectos de las medidas en su conjunto» porque, si no, se tratará de «una intervención a ciegas en el ecosistema».
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