6 de marzo 2009 - 11:37
Se cumplen 15 años del crimen del conscripto Omar Carrasco
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Omar Carrasco
En medio de un gran escepticismo en la opinión pública y tras un proceso legal controvertido y plagado de irregularidades, se condenó a 15 años de prisión al subteniente Ignacio Canevaro y a 10 años a los conscriptos Cristian Suárez y Víctor Salazar. Los tres eran de la menor jerarquía posible.
Las acusaciones no se pudieron corroborar de manera fehaciente y más tarde, en las investigaciones que se realizaron por el encubrimiento del crimen, en el llamado Caso Carrasco II, se descubrieron innumerables pruebas que hasta contradecían las sentencias a los tres detenidos.
Sin embargo, en lugar de profundizar las pesquisas y continuar "hasta las últimas consecuencia", como urgía el clamor popular, se dejó caer la causa hasta su prescripción, lo que generó una mayor sensación de injusticia.
El 31 de enero de 1996 el Tribunal Oral Federal de Neuquén condenó a Canevaro, a Suárez y a Salazar como autores del crimen y al sargento Carlos Sánchez (tres años) por encubrimiento. Para los jueces, el subteniente había ordenado a los dos conscriptos golpear a Carrasco por abandonar su puesto de guardia.
El mismo fallo dispuso investigar a los jefes militares que ocultaron el crimen. No obstante, el Tribunal Oral Federal de Neuquén sobreseyó en junio de 2005 a los siete militares que quedaban procesados en el caso por encubrimiento y falsedad ideológica, de 11 imputados iniciales.
Más temprano, en marzo de 2000, salieron de prisión Suárez y Salazar, y cuatro años después, en febrero de 2004, recuperó su libertad Canevaro, beneficiados todos por la llamada "Ley del 2x1". Mientras, el primer juez de la causa, Rubén Omar Caro, fue suspendido y sometido a juicio político.
Varios testigos aseguraron que a Caro "el Ejército le manejó el caso" y que eso significó que se descartaran testigos clave o se dejaran de lado pruebas relevantes.
Una semana después de la aparición del cadáver de Carrasco, en los círculos políticos ya se hablaba de la derogación de la ley número 3.948, que establecía el servicio militar obligatorio, lo que se concretó en septiembre de 1994.




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