En un país sobresaltado por el crimen no parece oportuno que el gobierno introduzca una purga con la ferocidad con la que atacó a la Policía Federal. No hacía falta desmembrar esa fuerza si lo que se pretendía era aumentar la presencia policial en las calles y depurarla de los elementos que la usan para delinquir. Bastaba con una mayor autoridad política para manejarla y con una mejor administración de los recursos humanos, por caso, sacando a numerosos policías de la absurda tarea de confeccionar actas de choque o certificados de domicilio. Sin embargo, -con la recomendación de una ONG de izquierda-decidió expulsar de la Federal a 107 altos oficiales con el pretexto de que tenían causas pendientes o enfrentaban sospechas de corrupción. Puede que existan uniformados vinculados al delito pero, en rigor, Béliz se desprendió de muchos policías profesionales con vasta experiencia. El resultado de esa decisión es una mayor debilidad y una fractura en la estructura policial, que tendrán impacto en un aumento de los índices delictivos, como ocurrió en 1998, cuando León Arslanian y Eduardo Duhalde hicieron algo parecido en la provincia de Buenos Aires.
Quita del camino a hombres con un promedio de edad de 45 años y con 25 o 30 de servicio. La fuerza se deshace de los pocos investigadores que había en la Federal, luego de las sucesivas depuraciones. En un año, la administración Kirchner echó a 582 efectivos policiales. Le restó operatividad y poder de eficacia. ¿Cómo puede la Policía enfrentar a una delincuencia mucho más organizada, que hace uso de tecnología moderna y que tiene mejor poder de fuego que los uniformados?
La medida apartó a hombres en los que el Estado invirtió fortunas en capacitación y años de entrenamiento. No sólo se saca de encima al subjefe de la Federal,
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