Momentos de gran tensión se vivieron hoy en el barrio porteño de Almagro, donde funcionarios judiciales y efectivos de la Policía Federal intentaron avanzar con una orden de desaolojo emitida por la Justicia sobre unas 80 familias, que ocupan de manera ilegal un complejo habitacional ubicado en la avenida Corrientes al 4000.
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Pero finalmente, la jueza Graciela Paradiso, quien había ordenado el desalojo, suspendió la medida debido a que no estaban dadas las garantías para concretarla.
Sucedió que los ocupantes de la enorme casona de dos plantas, se asomaron por los balcones con los rostros tapados por buzos y remeras, exhibiendo bombas tipo "molotov", garrafas, y recipientes con alcohol y nafta, que amenazaron con utilizar en caso de que se avanzara con el operativo de desalojo.
Ante esa situación, trascendió que los jefes de las comisarías de la zona se reunieron durante la mañana y finalmente le recomendaron a la magistrada que desistiera de concretar la medida, debido al peligro de que se desataran hechos de violencia durante el desalojo.
A causa del operativo montado en el lugar desde las primeras horas de la mañana, a esa altura de la avenida Corrientes el tránsito quedó interrumpido, generando numerosas demoras, hasta que a las 9:00 la circulación fue liberada.
Hasta allí acudieron temprano funcionarios judiciales y efectivos policiales para negociar la retirada de los ocupantes de las viviendas, quienes hicieron saber que no estaban dispuestos a acatar la medida.
Tras algunas horas de tensión, el operativo de desalojo dispuesto allí fue levantado una vez que llegó la orden de la jueza de suspender la medida hasta "nuevo aviso".
Luego del retiro de los efectivos policiales, una representante de las familias ocupantes del edificio habó con la prensa y manifestó su rechazo al desalojo, al tiempo que planteó la necesidad de consensuar una salida pacífica al conflicto.
"Es necesario negociar con el Gobierno de la Ciudad y el Juzgado", sostuvo la mujer en declaraciones a los medios, una vez concluído el operativo.
La causa es llevada adelante por el Juzgado Nacional de Primera instancia en lo Civil número 57 de esta capital a cargo de la jueza Graciela Paradiso.
Según indicaron fuentes judiciales, la causa se inició en 2005 luego de que los propietarios del edificio decidieran recuperar el inmueble, dado que pretenden venderlo.
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