La familia de Brenda del Castillo presentó una medida cautelar para impedir que continúen circulando las imágenes de las torturas a Lara Gutiérrez. También reclamó investigar cómo se filtró el material del expediente judicial y solicitó protección para una familiar que recibió amenazas.
Presentaron una medida cautelar para que se dejen de difundir imágenes del triple crimen de Varela.
La familia de Brenda del Castillo, una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela, presentó una medida cautelar urgente para detener la difusión del video que registra las torturas sufridas por Lara Gutiérrez antes de su asesinato. La presentación judicial exige que el contenido sea eliminado de medios digitales y redes sociales, que se impida su republicación y que se investigue cómo llegó a circular fuera del expediente.
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El pedido fue presentado por el abogado Fernando Burlando ante el Juzgado Federal N°2 de Morón, a cargo del juez Jorge Rodríguez, que mantiene el secreto de sumario sobre la investigación. La querella también solicitó medidas de seguridad para la hermana de Brenda, quien denunció haber recibido amenazas después de la divulgación de las imágenes.
La presentación se produjo después de que un medio de comunicación difundiera parte del material incorporado a la causa por los asesinatos de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi, ocurridos el 18 de septiembre de 2025.
Desde la representación legal de la familia advirtieron que la circulación pública de las imágenes profundiza el sufrimiento de los allegados y constituye una forma de revictimización, además de comprometer la protección de pruebas sensibles de una investigación vinculada con el narcotráfico.
A través de la medida cautelar, Fernando Burlando solicitó que la Justicia prohíba la publicación, reproducción y exhibición de cualquier registro audiovisual relacionado con las torturas y los asesinatos de las jóvenes.
El pedido alcanza a medios de comunicación, portales de noticias, redes sociales y particulares, e incluye videos, audios, fotografías, fotogramas y transcripciones que permitan reconstruir el contenido.
En particular, la presentación busca impedir la circulación de registros que muestren a las víctimas “en situación de cautiverio, sometimiento o muerte”. La querella también reclamó que las principales plataformas digitales adopten medidas inmediatas para retirar el contenido y evitar que vuelva a publicarse.
Entre las empresas mencionadas aparecen Meta, Google, TikTok y Telegram, a las que se solicitó eliminar y bloquear el material en un plazo máximo de 24 horas. Además, el escrito exige preservar los datos de las cuentas que difundieron o replicaron las imágenes, con el objetivo de identificar a los responsables de su circulación.
La información requerida incluye direcciones IP, fechas y horarios de publicación e identidad de los titulares de las cuentas involucradas. También se pidió la desindexación del contenido en los motores de búsqueda, para impedir que los usuarios puedan acceder a las publicaciones mediante enlaces que aparezcan en los resultados.
La filmación fue encontrada en el teléfono celular de Pablo Daniel Macalopu Cafferata, conocido como “Roger”, un ciudadano peruano detenido en una investigación por narcotráfico que tramita en San Isidro. El dispositivo fue sometido a un peritaje mediante el software forense UFED, utilizado para extraer y analizar información almacenada en equipos electrónicos.
Durante ese procedimiento, los investigadores recuperaron el material audiovisual, que posteriormente fue incorporado al expediente por el asesinato de las tres jóvenes. Sin embargo, la difusión de las imágenes fuera del ámbito judicial abrió nuevos interrogantes sobre las condiciones en las que se preservó la prueba.
Por ese motivo, Burlando solicitó que se determine el origen de la filtración y se identifique a las personas que pudieron acceder al archivo desde su incorporación a la investigación.
El pedido incluye un relevamiento de todas las copias existentes, los funcionarios o particulares que tuvieron contacto con ellas y los mecanismos de seguridad implementados para evitar su divulgación. Asimismo, la querella reclamó revisar la cadena de custodia del teléfono celular en el que fue encontrado el video.
La presentación también propone reforzar los controles sobre el material y limitar su consulta exclusivamente a las partes y los funcionarios cuya intervención resulte indispensable. Incluso, solicitó establecer un registro de cada acceso al archivo, con el objetivo de garantizar su trazabilidad y evitar nuevas filtraciones.
Otro de los puntos centrales de la presentación judicial está relacionado con las amenazas que habría recibido la hermana de Brenda del Castillo después de que se difundiera el video. Frente a esa situación, la familia solicitó una serie de medidas destinadas a preservar su integridad física y evitar nuevos episodios de intimidación.
Entre los requerimientos se encuentran la asignación de custodia policial, la entrega de un dispositivo de alerta, la reserva de su domicilio y la prohibición de contacto por parte de los imputados. También se pidió que las autoridades evalúen su eventual incorporación al Programa Nacional de Protección de Testigos e Imputados.
Según el planteo de la querella, las amenazas deben analizarse dentro del contexto de una investigación que involucra a una presunta organización vinculada con el narcotráfico, con varios acusados detenidos y otros sospechosos que permanecen prófugos.
En ese marco, la familia reclamó que se identifiquen las líneas telefónicas y las cuentas digitales desde las que se habrían enviado los mensajes intimidatorios. También solicitó que esos datos sean preservados para permitir su análisis y determinar las responsabilidades correspondientes.
Mientras el juzgado analiza la medida cautelar, la Fiscalía Federal N°2 de Morón, encabezada por Mariela Labozzetta, difundió un comunicado dirigido a medios de comunicación y profesionales de la prensa. En el documento, el Ministerio Público Fiscal exhortó a evitar la publicación de videos e imágenes relacionados con las víctimas del triple crimen.
El organismo fundamentó su pedido en la necesidad de impedir la revictimización de las jóvenes y sus familias, además de preservar el desarrollo de la investigación judicial.
La Fiscalía destacó que el expediente aborda hechos de violencia contra las mujeres en un contexto de crimen organizado, por lo que consideró necesario aplicar criterios especiales de protección de las víctimas.
En ese sentido, citó la Convención de Belém do Pará, instrumento internacional destinado a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
También mencionó la ley 26.485, de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y la ley 27.372, que establece derechos y garantías para las víctimas de delitos.
Ambas normas fueron utilizadas como fundamento del pedido para evitar la exposición pública de registros que puedan agravar el daño sufrido por los familiares.
La medida cautelar presentada por la familia de Brenda del Castillo deberá ser evaluada por el juez federal Jorge Rodríguez, quien tendrá que determinar el alcance de las restricciones solicitadas.
Entre los principales puntos pendientes se encuentran la eventual orden de eliminación del contenido, las medidas para impedir nuevas publicaciones y las acciones destinadas a identificar el origen de la filtración. También deberá analizarse el pedido de protección para la hermana de la víctima, en función de las amenazas denunciadas y del contexto de la investigación.
La difusión del video incorporó así una nueva controversia a la causa por el triple crimen de Florencio Varela, mientras la Justicia continúa investigando las circunstancias de los asesinatos y las responsabilidades de los acusados.
Para la querella, el objetivo inmediato es impedir que el material continúe circulando, preservar las pruebas judiciales y evitar que las familias de Brenda del Castillo, Lara Gutiérrez y Morena Verdi sufran una nueva exposición de la violencia que atravesaron las víctimas.