La reforma modifica la periodicidad de los controles, amplía la oferta de prestadores y elimina el esquema de tarifas reguladas.
La Ciudad de Buenos Aires aprobó cambios en la verificación vehicular y se alinea con la reforma impulsada a nivel nacional.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) atraviesa uno de los cambios más importantes desde su implementación. La Ciudad de Buenos Aires aprobó una reforma que modifica los plazos para realizar las inspecciones obligatorias, habilita nuevos lugares para efectuar los controles y elimina el sistema de precios regulados que regía hasta ahora.
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El objetivo oficial es ampliar la competencia, facilitar el acceso al servicio y adaptar el sistema a las condiciones tecnológicas actuales del parque automotor. La medida también busca reducir los tiempos de espera y aumentar la disponibilidad de centros de inspección para los conductores.
Uno de los cambios más relevantes tiene que ver con la frecuencia de las verificaciones. Hasta ahora, los vehículos particulares debían realizar la primera VTV a los cuatro años desde el patentamiento. Con la reforma aprobada por la Legislatura porteña, el primer control obligatorio pasará a exigirse a los cinco años de antigüedad.
Además, los autos con entre cinco y diez años de uso deberán realizar la inspección cada dos años. Los vehículos más antiguos continuarán sujetos a controles más frecuentes debido al desgaste acumulado y al mayor riesgo de fallas mecánicas.
El Gobierno justificó esta modificación en la evolución tecnológica de los autos modernos, que incorporan sistemas de seguridad más avanzados y presentan menores índices de fallas durante los primeros años de uso.
Otro punto central de la reforma es la incorporación de nuevos establecimientos autorizados para realizar las inspecciones. Hasta ahora, el servicio estaba concentrado en plantas verificadoras habilitadas específicamente para la VTV. Con el nuevo esquema, podrán sumarse talleres mecánicos, concesionarias e importadores que acrediten la capacidad técnica requerida y cumplan con las condiciones establecidas por las autoridades competentes.
Para ello se creó el Registro Nacional de Talleres de Inspección Técnica de Vehículos, que permanecerá abierto de forma permanente y permitirá el ingreso de nuevos operadores al sistema. La intención es incrementar la cantidad de centros disponibles y facilitar el acceso al servicio en distintos puntos del país.
La reforma también introduce cambios en el esquema tarifario. La Resolución 32/2026 establece que las tarifas dejarán de estar reguladas por el Estado.
La eliminación de las tarifas reguladas implica que el costo final podrá variar significativamente según la zona, el prestador elegido y la demanda existente en cada momento.
Aunque se flexibiliza el acceso al mercado para nuevos operadores, las exigencias técnicas siguen vigentes. Los talleres deberán demostrar que cuentan con equipamiento adecuado, infraestructura específica y personal capacitado para realizar las revisiones técnicas obligatorias. Estarán sujetos a controles y auditorías para garantizar que las inspecciones mantengan estándares homogéneos de seguridad vial.
La reforma no elimina la obligatoriedad de la revisión ni modifica los parámetros técnicos que deben cumplir los vehículos para obtener la aprobación correspondiente.
La reforma establece la posibilidad de incorporar talleres privados, concesionarias e importadores al sistema, aunque la puesta en marcha dependerá de los procesos de habilitación y de la finalización de algunos contratos vigentes.
Para realizar la verificación será necesario presentar la documentación habitual del vehículo, incluyendo cédula, licencia de conducir vigente y comprobante del seguro obligatorio.
El auto deberá cumplir con las condiciones mecánicas y de seguridad exigidas por la normativa. Los controles abarcan aspectos como sistema de frenos, neumáticos, suspensión, dirección, luces, emisiones contaminantes y otros elementos vinculados a la seguridad vial.
La reforma también contempla una mayor digitalización de los procesos, incluyendo certificados electrónicos y mecanismos de interoperabilidad entre distintos registros oficiales.
La modificación del sistema representa un cambio significativo para millones de propietarios de vehículos. La extensión de los plazos reducirá la cantidad de inspecciones obligatorias para los automóviles más nuevos, lo que implicará menos trámites y menores costos a lo largo de los primeros años de vida útil del vehículo.
Al mismo tiempo, la incorporación de talleres privados y concesionarias podría facilitar el acceso al servicio, especialmente en zonas donde actualmente existe una oferta limitada de plantas verificadoras.
La principal incógnita pasa por la evolución de los precios. Con tarifas libres, los usuarios deberán comparar valores entre distintos prestadores antes de realizar el trámite. La competencia podría generar opciones más económicas en algunas regiones, aunque también podrían aparecer diferencias importantes entre establecimientos.
En cualquier caso, la obligación de realizar la verificación técnica continúa vigente. La reforma modifica la forma en que se presta el servicio, pero mantiene el objetivo central de garantizar que los vehículos circulen en condiciones adecuadas de seguridad.