Alivia al gobierno postergación del fallo dolarizador en la Corte

La Suprema Corte de Justicia entró desde el viernes en la congeladora por lo menos en la resolución de los temas conflictivos. Hasta anoche el vicepresidente a cargo del cuerpo Eduardo Moliné O'Connor, no había citado a un acuerdo de los nueve restantes miembros que quedan tras la renuncia el viernes de Julio Nazareno.

No es solo diplomacia sino necesidad: los jueces de la Corte están peleados entre sí y es impensable que espontáneamente surja la idea de una reunión pos Nazareno. Tanto celo por las formas se vio en la anécdota misma de la renuncia: Nazareno la firmó el jueves a la noche, se la envió el viernes por la mañana al administrador de la Corte Nicolás Reyes, con la orden de entregársela al gobierno, pero nunca a través de Gustavo Béliz.

Kirchner se había ido a Chubut y en Casa de Gobierno no había nadie; Reyes hizo varios intentos telefónicos de ubicar a alguien que la recibiera, hasta que pudo detectar la llegada de Oscar Parrilli y recién entonces ingresó con el texto de la renuncia para dársela al secretario general de la Presidencia.

Se espera que esa reunión ocurra entre hoy y mañana para que Moliné les comunique que estará a cargo hasta noviembre próximo, cuando vence el mandato que tenía el riojano hasta hoy, cuando Néstor Kirchner haga publicar el decreto de aceptación de la renuncia. Esa prisa obedece a que la inquina del Presidente con esta Corte tiene antecedentes y suma además el real propósito de llevar a ese tribunal al hombre que le manejó la Justicia en Santa Cruz cuando era gobernador, Carlos Zanini.

Eso no ha impedido que ya corra para reemplazarlo a Nazareno el nombre de la jueza de la Corte de Mendoza Aída Kemelmajer de Carlucci, una de las más prestigiosas de la Argentina y que suena para el tribunal desde la ampliación de 1995 que siguió al Pacto de Olivos. Ya en aquella oportunidad estuvo en los papeles del acuerdo Alfonsín-Menem para ingresar a la Corte. Una lectura del sistema de filtro civil que elaboró por decreto el abogado Daniel Sabsay a pedido de Béliz indica que su chance es alta no sólo por prestigio: también por género (es mujer), geografía (es del interior) y cultura familiar puede aportar una óptica diferente a la habitual en la Corte.

Si la convocatoria de Moliné O'Connor no ocurre, sigue vigente la última convocatoria que hizo el renunciante Nazareno para que el próximo viernes 4 de julio se trate el esperado caso Lema, un ahorrista de Córdoba que reclama que le devuelvan los dólares acorralados en un banco desde diciembre de 2001. Eso no puede ocurrir porque el fallo «dolarizador» ha perdido uno de los cinco votos que tenía con la salida del riojano. Ahora las posiciones están 4 a 4, no se puede resolver hasta que el expediente dé otra vuelta y pase a vista de otro juez -un conjuez o el reemplazante de Nazareno-, en cualquiera de los dos casos pasarán meses.

Esto alivia al gobierno que heredó ya de Eduardo Duhalde el reproche a la Corte de ponerle escollos a la reactivación de la economía con este reconocimiento de que los dó-lares son dólares. Duhalde logró que eso nunca ocurriese bajo su administración; Kirchner logra ahora postergarlo sine die. O por lo menos para que madure una nueva mayo-ría que aunque reconozca el derecho de propiedad --espera-ble en un país de economía capitalista-cree una nueva fórmula de devolución que no sean billetes verdes. Es lo que han prometido hacer dos jueces de la minoría automática, Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda, basándose en fallos de la Suprema Corte de los Estados Unidos de la década de los años '30 -New Deal-contra reclamos de depósitos con cláusulas de garantías según el patrón oro que habían quedado congelados con la crisis del '29.

La indefinición alcanza a todos los expedientes «calientes» que tiene a consideración la Corte, es decir que dividen en dos a los integrantes del tribunal, como el de la constitucionalidad de las leyes de Punto Final, algo que ya le costó la cabeza a Ricardo Brinzoni y que complica cada día más el terreno militar al nuevo gobierno.

• Atención

La Corte trata alrededor de 1.000 expedientes por mes en los cuales no se juega la puja mayoría-minoría y seguirán siendo considerados por los jueces con la presidencia a cargo de Moliné O'Connor. Como el Congreso ya dijo que hasta que no se conozca quién heredará la silla de Nazareno no aprobará apertura de nuevos procesos en el tribunal, la atención girará hacia la pelea por la selección de los jueces.

El gobierno insiste en que no quiere amigos allí, pero ya hace correr a través de sus voceros, el nombre de Zanini, hoy secretario Legal y Técnico, que viene de ser el presidente de la Corte Provincial tras ser jefe de la Legislatura. Instalarlo a Zanini es algo sincero del Presidente que como frente a todo en la vida tiene con la Corte actual un agravio personal. Ese tribunal que hoy es blanco de sus iras lo tiene hace varios meses declarado en rebeldía por no presentarse en el juicio que sigue el ex procurador de Santa Cruz contra la separación del cargo que ordenó Kirchner hace algunos años.

Esa declaración de rebeldía del actual presidente hasta llegó cuando era candidato a valerle un pedido de inhabilitación que logró sortear. A secreto agravio secreta venganza - Calderón de la Barca dixit-: ni los jueces ni el Presidente han citado en estas horas este antecedente que está en la causa de esta guerra sin cuartel que ya se cobró la primera víctima.

Debiera haberlo reconocido el Presidente cuando firmó ese extravagante decreto que crea un filtro de la sociedad civil sobre la propuesta del Ejecutivo al Congreso, en realidad una manera de presionar a los senadores por un nombre propio. El sabe ya que a los legisladores los tiene en contra; si el nombre de Zanini viene con el aval del CELS o de Poder Ciudadano cree que logrará mejorar el perfil de su candidato.