AMIA: Galeano, investigado por destrucción de pruebas

El polémico Jorge Urso, el juez del caso armas, deberá investigar ahora si su colega Juan José Galeano incurrió en el delito de destrucción de pruebas vinculadas al atentado de la mutual judía AMIA. Lo decidió ayer la Cámara Federal de Capital, que tras un sorteo de rigor determinó que sea el juzgado de Urso el que investigue la denuncia que inició el grupo Memoria Activa. Se tratará de establecer ahora si Galeano violó el artículo 255 del Código Penal, que castiga con penas de un mes a cuatro años de prisión a quien destruye objetos que puedan ser considerados elementos de prueba. Galeano admitió públicamente, semanas atrás, que destruyó pruebas fílmicas que dispuso efectuar de declaraciones que se realizaron en la causa AMIA. Así, tras una demora de siete años, se va produciendo este desarrollo en el juicio por el más grave atentado terrorista perpetrado en la Argentina.

El juicio por el atentado a la AMIA sigue cargado de sorpresas: la primera la dio ayer la Cámara Federal que ordenó una investigación sobre el juez federal Juan José Galeano por presunta destrucción de filmaciones con testimonios vinculados a la causa de la voladura de la sede judía.

La agrupación judía Memoria Activa solicitó el pasado lunes que Galeano se aparte de la denominada «causa AMIA residual», cuyo juicio oral a 20 integrantes de la denominada «conexión local» se inició el lunes.

Galeano investiga el caso desde julio de 1994, pero hasta ahora no pudo individualizar a los autores materiales e intelectuales del atentado que dejó 85 muertos y 330 heridos.

El juez Martín Irurzun, como presidente de la Cámara Federal, presentó el pedido de investigación, que recayó en el juzgado federal de Jorge Urso, que también investiga la presunta venta ilegal de armas.

Los abogados de Memoria Activa, Alberto Zuppi y Pablo Jacoby, reclamaron el apartamiento de Galeano luego de que éste admitiera la destrucción de filmaciones con declaraciones de personajes vinculados con la causa AMIA. Tras conocer la «confesión» del magistrado, la agrupación sugirió que se investigue la hipotética violación artículo 255 del Código Penal que re-prime (con penas de un mes a cuatro años de prisión) a quien «sustrajere, ocultare, destruyere o inutilizare objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, regis-tros o documentos confiados a la custodia de un funcionario».

Desde el juzgado de Galeano explicaron que el material que se destruyó estaba constituido por «elementos de trabajo cuyo contenido fue volcado al expediente».

La denuncia presentada por Zuppi también fue puesta en conocimiento del Consejo de la Magistratura, organismo que, por disposición constitucional tiene a su cargo la evaluación del desempeño de los jueces nacionales o federales.

Carrió criticada

La otra sorpresa la dio ayer Laura Ginsberg de Memoria Activa, quien deslizó críticas hacia Elisa Carrió. Según señaló la legisladora habría prometido aportar pruebas en la causa «pero hasta el momento no nos dio nada».

« Uno ya ha escuchado muchas promesas durante todos estos años, muchos compromisos de políticos que han utilizado el micrófono de la plaza para comprometerse antes de alguna elección, y en lo concreto, si hoy hay que hacer un balance, en ninguno de los casos tuvimos una respuesta positiva», dijo Ginsberg.

El Tribunal, que retomará la audiencia mañana con la lectura del pedido de elevación de juicio realizado por Galeano, confirmó ayer que Carlos Telleldín será el primer acusado en ser llamado a declarar.

El orden de las indagatorias difundido por el tribunal coloca a Telleldín en primer término y al comisario (r) Juan José Ribelli acusado de haber adquirido la Trafic en el séptimo. Según trascendió, ninguno de los dos respondería a un interrogatorio, por ahora, sino que se remitirían a la declaración obrante en la causa.

Luego de Telleldín declararán Hugo Antonio Pérez, Miguel Jaimes y Ariel Niztcaner, acusados de encubrimiento por haber manipulado una camioneta Trafic a pedido del vendedor de autos robados.

El tribunal escuchará luego a los oficiales de la Policía Bonaerense Raúl Edilio Ibarra, Mario Norberto Barreiro y Anastasio Irineo, hombres de confianza de Ribelli, dos de los cuales presuntamente retiraron la camioneta de la casa de Telleldín el 10 de julio de 1994. Después declarará Ribelli, apodado «El Lobo».

Los fiscales confian en que tras los testimonios surjan «nuevas pistas» y se conozcan elementos desconocidos sobre ese ataque terrorista.