AMIA: jefe de la SIDE abrió cuentas secretas

La Justicia comenzó a hurgar sobre el movimiento de «fondos especiales» de la SIDE para establecer si ese organismo de inteligencia utilizó dinero de esa cuenta para pagar la declaración o «confesión» de uno de los imputados en el atentado a la mutual de la sede judía AMIA.

Se tratada de una investigación compleja, porque no existen registros que hagan referencia taxativas a este tipo de operaciones. Pero, además, de comprobarse que existió irregularidades de esta naturaleza la denominada «conexión local» y en general la causa AMIA correría serio riesgo de desmoronarse.

El caso está siendo llevado por el juez Claudio Bonadío (al que los medios españoles apodaron «el incorruptible»), quien ayer se reunió con el jefe de la SIDE, Sergio Acevedo, el fiscal federal Carlos Cearras y los querellantes de DAIA y AMIA. Como le ocurrió al juez federal Juan José Galeano, en Alemania, cuando concluyó el encuentro todos los asistentes debieron firmar un acta en el que se comprometieron a resguardar silencio, so pena de cometer el delito de «violación de secreto».

En ese cónclave, Acevedo aportó documentación sobre movimientos de cuentas de la central de inteligencia y en especial un expediente que fue rotulado como «operaciones especiales». El mismo contiene movimientos financieros realizados entre junio y julio de 1996, cuando supuestamente, el reducidor de autos Carlos Telleldín habría recibido 400 mil dólares por una declaración donde acusa de participar del ataque terrorista al comisario de la Bonaerense Juan José Ribelli y policías que estaban bajo sus mandos.

•Registros

De la existencia de ese dinero se conoció por un video aparentemente filmado en el despacho del juez Galeano donde se le habría hecho el ofrecimiento a Telleldín. Además, existen registros bancarios que muestran que el reducidor de autos habría recibido esa suma de dinero en dos pagos en una cuenta que fue abierta a nombre de su esposa Ana Boragni: el primer pago habría sido de u$s 200 mil y los dos restantes de u$s 100 mil cada uno. Todo habría sido encubierto bajo el disfraz de la edición de un libro que contaría detalles del atentado. Queda por saber si eso fue una patraña o el pago de una confesión.

De esta ilegalidad dieron cuenta, el ex secretario del juez Galeano, Claudio Lifchitz y el agente de Inteligencia Isaac García, que había participado de la entrega de un maletín que aparentemente contenía el medio millón de dólares.

Por eso, la semana entrante tendrá gran relevancia las declaraciones de varios espías en los Tribunales de Retiro durante el juicio oral y público que se le sigue a Telleldín y al policía Ribelli.

Ayer el gobierno concretó los anunciados decretos que levantó el secreto de Estado para los 15 ex jefes y agentes de la SIDE citados al juicio. Además, de permitir el acceso a documentación que dispone la SIDE sobre los atentados de la AMIA y de la Embajada de Israel.

A los archivos de SIDE, Policía Federal, Gendarmería y otras fuerzas que tengan datos del atentado podrán acceder tanto el juez federal Juan José Galeano como los miembros del Tribunal Oral Federal 3, Gerardo Larrambebere, Miguel Pons y Guillermo Gordo.

Se reconoció ayer en los Tribunales que no existía un documento que puntualmente diera cuenta con el nombre y apellido de Telleldín del pago de dinero. Pero los investigadores confiaban que realizando un entrecruzamientos de datos podría tener información que acredite o descarte la participación de la central de Inteligencia en una operación ilegal.

Según la agencia «Télam» en la reunión entre Bonadío y Acevedo, el jefe de la SIDE explicó que en ese organismo mucha información no se registra ni se documenta porque el país carece de una ley de acceso a la información que garantice su secreto. No dijo nada sobre si sabe dónde quedan esos registros.

Ante la falta de legislación que preserve documentos confidenciales y debido a que un agente puede ser relevado de la obligación de guardar secreto en cualquier momento, hay limitaciones a la hora de dejar constancia de todo lo que se realiza, resumió.

«Por eso no se registran ni se escriben algunas cosas», agregó Acevedo. En otros países las leyes de este tipo garantizan que los documentos de inteligencia serán confidenciales durante cierta cantidad de años, luego de lo cual podrán ser de acceso público, ejemplificó.