Citan a Carlos Liporaci a explicar sus bienes

Se complicó ayer el juez federal Carlos Liporaci en el Consejo de la Magistratura al decidir la Comisión de Acusación -la resolución oficial se conocerá hoy-que el magistrado debe presentarse, posiblemente el próximo martes 12, a efectuar su descargo ante las imputaciones de la presunta comisión de graves irregularidades que le formularon dos miembros de ese cuerpo: los abogados Eduardo Orio y Mario Gersenobitz. Previo a este consenso -hasta los peronistas Miguel Pichetto y María Lelia Chaya quieren que vaya a esa comisión a declarar-, Liporaci recusó al diputado frepasista Pablo Fernández y al abogado Angel Garrote, pero los consejeros decidieron rechazarla y avanzar con la instrumentación del juicio político. Ayer, la Comisión no sesionó porque los Diputados se encontraban en el Congreso para tratar el presupuesto.

Investigado

El juez que investiga la existencia de supuestas coimas en el Senado para sancionar y promulgar la cuestionada ley de reforma laboral también se encuentra envuelto en una investigación judicial que lleva adelante el fiscal federal Pablo Rechini. Liporaci está sospechado de presunto enriquecimiento ilícito a raíz de la compra de una vivienda, cuyo precio varía entre los $ 610.000 -según el valor que dio el magistrado en el mismo Consejoy el $ 1.350.000 que tasó una inmobiliaria privada. En el medio se encuentran valoraciones efectuadas por otros peritos de parte y el oficial de la Corte. Este técnico ubicó el valor de la casa de la calle Gaspar Campos 471 de Vicente López entre los $ 950.000 y $ 1.150.000. El juez defendió su adquisición sobre la base del ahorro familiar y de los créditos obtenidos en el mercado secundario de préstamos.

Para ello debió acudir a un prestamista - Guido Torrisi-, que le entregó $ 200.000 a ser devueltos en su totalidad en el término de un año, cuyo vencimiento vence en julio del año que viene. Este crédito devenga un interés mensual de $ 3.000 que se suman a los intereses de $ 11.000 semestrales que debe pagar su mujer Lidia Inés Calb, quien es deudora de un mutuo (préstamo) de $ 160.000, a devolver en cinco años a razón de una capitalización de $ 32.000 anuales. Para honrar esa operación, el juez justificó ante el Consejo de la Magistratura un ingreso familiar de $ 10.863,11 mensuales que significarían una cifra anual de $ 130.357,32, más los sueldos anuales complementarios de cada uno de los miembros del grupo compuesto por padre, madre y tres hijas.

Esos detalles financieros despiertan dudas en los consejeros, expertos en derecho penal que consideran que no puede acusarse «a priori». Esto es, sin saber cómo el juez puede solucionar esa deuda a futuro, ya sea a través de préstamos hipotecarios en plazos más extensos o por ingresos de origen no previstos en estos cálculos.

Ventas

Sin embargo, Liporaci se habría desprendido de bienes anteriores -un departamento en la calle Caracas 341 de la Capital Federal valuado en $ 131.000, un terreno en Escobar (provincia de Buenos Aires) vendido en $ 43.000 y ahorro familiar de $ 120.000-para poder afrontar la controvertida operación inmobiliaria que lo puso en el ojo de la tormenta, especialmente a partir de su investigación por el escándalo del Senado.

Fernández y Garrote objetaron este diagrama de endeudamiento de Liporaci por entender que su capacidad de ahorro en los próximos 6 meses debería ser de $ 232.000 y no la suma ya mencionada. Pero la ecuación financiera de los consejeros no parece la más indicada porque critican una pensión graciable del Congreso otorgada a una de las hijas del juez, aunque ello podría ser reprobable desde otro ángulo y no significa una merma en la capacidad de pago del grupo familiar. Ese hecho los llevó a calificar « de carencia de buena conducta de Liporaci», una excusa que le permitió ayer al juez recusarlos.