El juez Urso ordenó detención de D'Elia

Era inevitable, pero una cámara le aceptó el hábeas corpus a Luis Campagnoli, el fiscal y ex funcionario que detuvo el desalojo que ordenó otro juez de la comisaría que ocupaban precisamente el piquetero Luis D' Elía y sus seguidores. En tanto, el juez Urso pidió la detención del activista.

Luis D'Elia

El piquetero oficialista Luis D'Elía quedó a un paso de ser detenido, luego de que el juez federal Jorge Urso decidiera ayer ordenar su captura y pedir a la Cámara de Diputados bonaerense el desafuero del legislador. El magistrado pretende indagarlo por el copamiento de la Comisaría 24ª del barrio porteño de La Boca.

La medida de Urso obliga al Parlamento bonaerense a expedirse rápidamente por la gravedad de la acusación. Los legisladores están impedidos de demorar una definición o argumentar que se trata de una agresión judicial producto de una declamación o de una opinión del diputado provincial. Por el contrario, el caso que compromete a D'Elía es un avance del poder político sobre una comisaría, que es una estructura de seguridad del Estado.

Urso le imputó al piquetero 10 delitos del Código Penal, que, sumados, no permiten su excarcelación. Lo acusó de: lesiones, amenazas, robo, daños, instigación a cometer delitos, intimidación pública, incitación a la violencia, resistencia a la autoridad y encubrimiento.

Los cargos se remontan a los incidentes producidos en la madrugada del 26 de junio, cuando D'Elía, al comando de una milicia piquetera, tomó la sede policial en protesta por el crimen del militante, Martín «el Oso» Cisnero, quien habría muerto producto de una reyerta personal. La comisaría de La Boca fue desocupada luego de una extraña negociación y de que se ignorara la orden de desalojo impartida por una jueza porteña.

• Resistencia

Pese al tenor de las acusaciones, el líder de la Federación Tierra y Vivienda (FTV) seguirá en libertad hasta que la Legislatura bonaerense resuelva si concede el desafuero y le quita la inmunidad de arresto que le otorgar la Ley 25.320 por su cargo de legislador. Esa misma ley contempla que el privilegio debe abolirse por delitos graves.

«Corresponde ordenar la inmediata detención de Luis Angel D'Elía a efectos de recibirle declaración indagatoria, lo cual quedará supeditado a su previo desafuero que se requiere en la fecha a la Cámara de Diputados Bonaerense», escribió el juez Urso.

Y párrafo después agregó: «La inmunidad contra proceso o arresto no es un privilegio que contemple a las personas, sino a las instituciones y el libre ejercicio de poderes y que, por lo tanto, está incluida dentro de la concepción argentina del sistema representativo republicano».

Las intenciones del magistrado federal de mandar a la cárcel al dirigente « piqueblando» podrían encontrar resistencia en la Legislatura provincial. Ese cuerpo no ha desaforado a ningún legislador desde el regreso de la democracia.

El Senado provincial contabiliza el desafuero de Horacio Román (investigado por enriquecimiento ilícito), pero, en rigor, fue el justicialista el que se despojó de sus fueros y con su consentimiento facilitó todo el procedimiento.

Pero no ocurre lo mismo con D'Elía. Este siempre dijo que renunciaba a sus fueros, pero es una fantochada. La renuncia de palabra no tiene validez: es el Parlamento el que da y quita los fueros. Y, hasta anoche, había muchas dudas acerca de la posición que tomaría la Cámara de Diputados, dominada por una mayoría PJ y de fuerte peso duhaldista.

El pedido de Urso irá a parar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el platense Carlos Bonicatto. Si el juez consigue respaldo, entonces, pasará al recinto para su tratamiento. Es allí donde podría morir el pedido de desafuero.

• Rechazo

Se afirmaba ayer que los legisladores podrían rechazar el pedido de Urso con el argumento de que fue cursado por la Justicia federal y no la provincial, lo cual no obliga a la Comisión de Asuntos Constitucionales a tratar el pedido de desafuero, y el escrito del juez podría terminar en cualquier cajón de cualquier despacho.

Aunque varios legisladores estarían dispuestos a bajarle el dedo al piquetero, que ese criterio termine imponiéndose dependerá de una decisión política.

En la Cámara bonaerense se recuerda la embestida de la diputada del PJ Elsa Lara de Juzwa, quien ya había planteado un pedido de desafuero de D'Elía en el bloque peronista, pero, en ese momento, se decidió aguardar nuevas decisiones de la Justicia. Además, la legisladora pidió que se lo destituya si se comprobaba que había cometido delitos.

Anoticiado de los acontecimientos, D'Elía dobló la apuesta: «Recién me enteré de la decisión de Urso y voy a reiterar el pedido de mi desafuero que hice en la Cámara el 12 de octubre», dijo.

Desafiante, D'Elía aseguró que espera que la Cámara «apruebe» el desafuero y sostuvo: «Si el juez valora que tengo que estar detenido, adelante. No vamos a rehuir la acción de la Justicia a sabiendas de que se trata de una enorme injusticia».

• Acusación

El piquetero aliado al gobierno de Kirchner deberá enfrentar también otra imputación que está vinculada a la toma de la sede policial. El fiscal Carlos Stornelli lo acusó de «incitación a la violencia y apología del crimen» por haber dicho públicamente que estaba «orgulloso» de la toma de la comisaría.

Además de D'Elía, podrían correr idéntica suerte los « centauros», Noberto Quantín y José María Campagnoli, funcionarios del Ministerio de Seguridad cuando ocurrieron los incidentes. Ambos están acusados de desobedecer la orden judicial de la jueza María del Carmen Crotto para desalojar la sección.

Campagnoli logró conseguir el amparo de un habeas corpus para frenar su detención, pero en los tribunales de Comodoro Py se afirma que Urso le pedirá al procurador Esteban Righi el desafuero del dúo de fiscales (ver nota aparte).