El país complicado por pelea político-judicial

El caso Cromañón y la libertad del procesado empresario Omar Chabán escalaron ayer más hacia el conflicto político al manifestarse uno de los jueces de la nueva Corte de Justicia kirchnerista en contra de las críticas del gobierno a esa excarcelación. Eugenio Zaffaroni, inspirador del garantismo en la gestión Kirchner -que ahora intenta apartarse de esa doctrina para no ser blanco de la ira colectiva- acusó a los funcionarios de «buscar votos» con la desgracia de la gente. Los llamó, además, a no interferir en la Justicia. Este debate tiene nuevos protagonistas: Juan Carlos Blumberg, quien organiza una nueva marcha contra el garantismo; la Corte, que rechazó un per saltum; seis cámaras de jueces que defendieron la independencia de la sentencia. Los tribunales aportaron más señales de incertidumbre: un fallo de la Corte habilitó pagos a jubilados que costarán a la Tesorería unos $ 1.100 millones hasta 2007. Además, los tribunales de Lomas de Zamora anochecieron sitiados por centenares de piqueteros que siguen la moda de presionar desde la calle a los magistrados, esta vez, sobre quienes deben juzgar a policías acusados de matar a los activistas Kosteki y Santillán en la estación ferroviaria de Avellaneda hace dos años.

Con una "guardia piquetera", debió funcionar ayer el Tribunal Oral Número 7, en el inicio del juicio oral y público por los asesinatos de Kosteki y de Santillán.

C romañón. Mejor dicho, la liberación de Omar Chabán instaló una crisis institucional de proporciones en el país. El juez que más interesó al gobierno de Néstor Kirchner llevar a la Corte Suprema de Justicia resultó un gladiador a la hora de defender la teoría « garantista», que durante años instruyó en las aulas de Derecho y que ahora ve criticada desde el gobierno. Corriente de pensamiento que amamantó a varios jueces, inclusó a los que devolvieron la libertad del empresario del rock. Eugenio Zaffaroni, no cuidó las formas. Y ayer se despachó con dureza contra el gobierno y los funcionarios de Kirchner a quienes acusó de «exacerbar a la opinión pública» para « conseguir votos sobre la base de una desgracia» (ver vinculada Zaffaroni contra Gobierno).

La opinión de Zaffaroni no resulta una improvisación. Este jurista ha lanzado el debate que los camaristas María Laura Garrigós de Rébori y Gustavo Bruzzone, no se atrevieron a sostener. Es decir, si la Argentina está dispuesta a implantar como principio la doctrina de que la prisión preventiva no debe existir porque es una forma de condena anticipada.

Los camaristas Rébori y Bruzzone lo esbozaron en su fallo libertario de Chabán, pero luego rehuyeron sostener la discusión. Prefirieron apartarse de la causa. Quizá, privilegiando la continuidad de sus cargos. Pero Zaffaroni, que es un doctrinario de esta tesis, estaba obligado a defenderla. Incluso por imagen internacional. No hubiera sido bien visto que el profeta de la libertad y de los derechos de los victimarios, a veces por sobre las víctimas, terminara agazapado en su cómodo despacho del Palacio de Tribunales.

La pelea del penalista con su padrino (el gobierno) tiene un antecedente al que pocos le prestaron atención. Fue hace 20 días cuando la Corte Suprema intentó una intervención en terreno bonaerense para «aconsejarle» al gobernador Felipe Solá sacar a los menores de las comisarías (cuando ya no había ninguno) y a flexibilizar las excarcelaciones en Buenos Aires. Ese fue el punto central de la cuestión. Y Carmen Argibay la que desenmascaró el objetivo, cuando directamente propuso declarar inconstitucionales las leyes que había impulsado Carlos Ruckauf en 1999 y que llevaron a prisión preventiva a miles de imputados.

• Incomodidad

Zaffaroni no dudó en llevar a los más alto del poder esta discusión, poniendo incómodo a un gobierno que está abocado a la legislativa de octubre y donde algunos temas resultan urticantes. Dejar libres a cientos de presos sería autista y suicida en plena temporada electoral.

La réplica al juez supremo vino desde el ministro del Interior, Aníbal Fernández, quien afirmó que no piensa «callarse la boca, cuando lo que está sucediendo lesiona a 193 individualidades que murieron de esa forma y que necesitan ser reconocidos como sujetos, porque esto no es un 'combo'».

Fernández fue duro, aunque coincidió con Zaffaroni en que no debe haber un uso político de la tragedia de Cromañón.

El jurista consideró «explicable» que «los políticos suban y se monten sobre cualquier emergencia» para «conseguir votos», pero advirtió que «sería conveniente dejar a la Justicia trabajar tranquila, que cada competencia decida lo que debe decidir y no intentar sacar provecho y votos de una coyuntura tan desgraciada, tan catastrófica, tan calamitosa». Ante este planteo, Fernández reivindicó las facultades del Ejecutivo para «evaluar» la posibilidad de revisar el fallo que dispuso la excarcelación de Chabán, sin entrometerse en la vida de otro poder de la República, al considerar que la decisión judicial ha causado «una conmoción muy fuerte».

• Desafío

Zaffaroni fue a fondo con una apreciación que sonó a desafío: «No se debe repensar un fallo sobre la base de que escandalice a la sociedad», sino «sobre si está ajustado o no a derecho», y que «si es adecuado a derecho, por más que la opinión pública se manifieste en contra, creería que hay que pronunciarlo igual, hay que pronunciar lo que se debe».

Subrayó que en caso contrario, el Poder Judicial estaría «sometido a un plebiscito permanente, y no a lo que dicen la Constitución y las leyes, sino a cómo se maneja la opinión pública, y esto no parece que sea correcto».

Al contrapunto con el gobierno se le sumaron otros jueces, que se abroquelaron para resistir lo que ellos creen una «intromisión en el Poder Judicial». Hay jueces que piensan que con episodios como los del viernes pasado «condiciona las resoluciones de la Justicia».

Ayer los presidentes de seis cámaras nacionales y federales protestaron contra los comentarios del gobierno por la liberación de María Julia Alsogaray y Omar Chabán.

«Más allá del juicio que puedan merecer las decisiones en cuestión, implican un avance inaceptable sobre las potestades propias de los jueces y afectan la independencia del Poder Judicial, base misma del sistema republicano que consagra nuestra Constitución», escribieron los jueces.

Las decisiones a que alude fueron adoptadas por la Justicia Penal, pero la declaración fue rubricada por los titulares de la totalidad de los fueros, reunidos en la Junta de Presidentes de las cámaras nacionales y federales.

En esa misma sintonía respondió la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina, agrupamiento del cual forma parte Rébori. Obviamente, esa asociación respaldó la actuación de los cuestionados integrantes de la Cámara del Crimen que fallaron a favor de Chabán.

«La Comisión Directiva de la Asociación de Mujeres Jueces de la Argentina cree un deber ineludible recordar que el mantenimiento de la independencia de las decisiones de los jueces va indisolublemente unido a la vigencia del Estado Constitucional», indicaron las magistradas.