En silencio comenzó la detención a ex militares

Raúl Alfonsín

Las últimas 72 horas no fueron las más calmas en las filas de las Fuerzas Armadas. El Ministerio de Defensa instruyó a sus jefes sobre la inminente detención de personal militar y de seguridad que revistó entre 1976 y 1983. Junto con la advertencia, se sugirió desactivar cualquier psicosis que pudiera servir para exasperar más a los ex uniformados, y otros que están en actividad, en planteos que puedan ser comparados con una asonada como la ocurrida durante el gobierno del radical Raúl Alfonsín.

La preocupación de Defensa parece haber encontrado nido, en la decisión de algunos jueces de no teatralizar los procedimientos de captura, luego de la declaración de nulidad absoluta de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Incluso, magistrados que llevan causas importantes habrían pactado actuar con mucha discreción y que las detenciones sean en forma escalonada y no masivas. Son jueces a los que no les interesa un acto de «escrache» a diario. Una desilusión para quienes planeaban instalarse en las puertas de los Tribunales de Comodoro Py como acto de repudio.

La denominada megacausa ESMA y la del Primer Cuerpo de Ejército concentrarán el mayor número de detenidos. No habrá cárceles especiales para los inculpados, sino que irán a parar a pabellones de los penales de Marcos Paz y Ezeiza.

En la Corte Suprema prevén que el número de casos apelados podría desbordar la tarea del Tribunal y formar un innecesario «cuello de botella». Como se trata de causas donde hay detenidos y necesitan rápida definición, Casación será fundamental pero no funcionará como filtro.

• Secretarías

Para el caso, los jueces supremos votaron y dispusieron la creación de una Secretaría de Derechos Humanos que tendrá intervención directa en este tipo de expedientes.

Estará a cargo del secretario de la Corte Suprema, Rolando Gialdino, un especialista en la materia (trabajó en el proyecto de reforma judicial, en representación del Tribunal).

Una de las causas más complicada está en poder del juez Rafecas, en la que, además de militares, está siendo investigado personal del Servicio Penitenciario Federal y de Gendarmería que actuó en los centros clandestinos de detención. En la Corte se evalúa que la causa del Primer Cuerpo de Ejército será la que más expedientes mueva, tanto por el número de detenciones como por la cantidad de quejas y recursos extraordinarios que podrían presentarse.

En el caso de Gendarmería, tras la caída de las «leyes del perdón», esa fuerza quedó en el ojo de la tormenta. El viernes pasado, Rafecas ordenó la detención de varios gendarmes. Uno de ellos es un comandante retirado que tenía radio de acción en la cárcel clandestina conocida como El Olimpo.

Se trata de Eugenio Pereyra, quien está acusado de haber presuntamente participado de la desaparición del científico Alfredo Antonio Giorgi, quien el 27 de noviembre de 1978 fue secuestrado en su lugar de trabajo dentro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

El gendarme retirado trabajaba como jefe de Planeamiento de la Ayuda Mutua del Personal de Gendarmería Nacional (Amugenal).

Diversos testimonios incorporados en la causa aseguran que Pereyra cumplía funciones de dirección y mando en El Olimpo, el centro clandestino de detención que funcionaba en un garaje de la Policía Federal en Lacarra y Ramón Falcón.

En 1984, un juez federal de San Martín dispuso la captura de este gendarme, que huyó a su provincia natal, Misiones, y se mantuvo prófugo hasta que en 1987 fue beneficiado con la Ley de Obediencia Debida, ahora declarada inconstitucional.