Mientras el juezfederal Carlos Liporaci espera analizar hoy el informe de los peritosdesignados por la Auditoría General de la Nación sobre el movimiento de losfondos destinados a las obras sociales para determinar si de allí salieron lospagos de los supuestos sobornos en el Senado, los fiscales Eduardo Freiler yFederico Delgado se interesaron por un nuevo «minipacto negro» que sehabría firmado entre el ministro de Salud, Héctor Lombardo y un grupo desindicalistas de la CGT oficial.
Por ese convenio quele arrancó un sector de los «gordos» a Lombardo, un reducido grupo deobras sociales están próximas a recibir una «extra» de unos $ 50 millones delexcedente que se origina por el aporte de los monotributistas. La iniciativa yageneró una dura pelea entre el resto de las mutuales gremiales 290 contra 10 ylos sindicatos beneficiados por esta resolución del ministro de Salud porqueargumentan que muchas de estas últimas no cumplen con el requisito de tener100.000 afiliados para inscribir a monotributistas. Por otro lado, desde elMinisterio de Economía y la Jefatura de Gabinete se niegan a endosar el pago.
Origen
Esos fondos seoriginan por los $ 20 pesos que depositan en la DGI unos 450.000monotributistas pero –precisamente- por lo bajo de la cuota social no todas lasobras sociales prestan servicios a este sector independiente. Sólo unas pocasmercantiles (Armando Cavalieri), gastronómicos (Luis Barrionuevo), laconstrucción (Gerardo Martínez), bancarios (José Zanola), porteros (VíctorSantamaría), Fedecámaras (Rubén Manusovich de viaje con Fernando de la Rúa porEspaña), servicio doméstico (Sergio Delbene), rurales (Gerónimo Benegas) yobras sanitarias (Rubén Pereyra) tienen registrados en total unos 15.000adherentes. O sea que de un ingreso total de $ 9 millones mensuales, en teoríatendrían que ir a esas obras sociales unos $ 300.000. El resto sería para elTesoro.
Pero este grupopresionó a Lombardo y el ministro cumplió con lo que ya les había prometido aprincipios de agosto en Catamarca: que accedería a redistribuir ese excedente.Si se toma el pozo acumulado desde el mes de abril, cuando se comenzó con estesistema de recaudación de los autónomos, se llega al 30 de setiembre último alos $ 54 millones. Si de ese total se descuenta el legítimo pago de $ 1.800.000a las obras sociales que prestaron los servicios, queda un remanente de $ 52,2millones de saldo a favor para el Estado. Ahora, esos fondos parece que serándestinados a algunos gremios, la mayoría de los cuales no se caracteriza porenfrentarse con el gobierno. Al trascender este acuerdo entre el ministro queregentea los fondos de las obras sociales a través de distintos programas APE,Resolución 1.040, pozo «Bidou» y monotributistasy un grupo de sindicalistas,los fiscales quieren saber en profundidad cuáles fueron los motivos delapresuramiento del ministro cuando esos fondos se encontraban bajo auditoríajudicial para determinar si se utilizaron para pagar una presunta coima a lossenadores. Ahora analizan requerirle a Lombardo que brinde un informe yaclare, además, determinados pagos de urgencia que se habrían hecho desde elAPE (Administradora de Programas Especiales) a cargo de Rubén Cano, manoderecha del ministro.
La curiosidad de losjudiciales se centra en sucesivos aumentos que se hicieron en el programa de laResolución 1.040 que contempla la entrega de subsidios no reintegrables. Comotambién se informara desde este diario, las obras sociales gremiales sonpremiadas
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