Los bandos que forcejean por poder en el Consejo de la Magistratura medirán hoy fuerzas en una sesión que será para alquilar balcones. «Moderados» y «garantistas» pujarán por modificar el reglamento interno que fijará un plazo de prescripción para las investigaciones contra jueces acusados de «mal desempeño». Unas 50 causas contra magistrados podrían caer o seguir abiertas. Todo depende del resultado de esa pulseada.
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El ala «moderada» recluta a los representantes de los jueces, que pretenden que las causas expiren cuando cumplan los dos años.
En la fila de los «garantistas» están enrolados los transversales del Consejo de Jueces, un agrupamiento que reúne al oficialismo, al ARI y algunos abogados. Estos consejeros sostienen que las investigaciones no deben tener límite temporal. Y si los hay, no debería ser menor a tres años.
El proyecto que será sometido a discusión fue impulsado en su inicio por Joaquín Da Rocha. El representante del Ejecutivo sostenía que las causas debían tener fecha de vencimiento: 24 meses, prorrogable por otros seis meses.
La propuesta generó no pocos enfrentamientos, por lo que se decidió que fuera el plenario el que pusiera un plazo de caducidad. Todo estaba encaminado hasta que apareció Beinusz Smukler y propuso 3 años, prorrogable por seis meses. El único acuerdo que se alcanzó hasta ahora fue para establecer que la reforma no sea retroactiva, es decir, que no se aplique para las causas que ya están en marcha. Pero por el cariz que está tomando la discusión, no resultaría extraño que ese pacto quedara trunco en el plenario de hoy.
Quienes propician un plazo de dos años sostienen que los jueces no pueden ser investigados indefinidamente, porque es inconstitucional. «Atacaría la independencia de los magistrados y se violaría su derecho a defensa», argumentan. La Asociación de Magistrados está en pie de guerra. Ya se pronunció oponiéndose a la intención de que las causas perduren en el tiempo. Creen que esta mecánica crea jueces-rehenes.
• Objetivo
«Pareciera que en vez de mal desempeño, a los jueces se los investiga por crímenes de lesa humanidad que son imprescriptibles en el tiempo», graficó ayer un juez a este diario.
El autor ideológico de este plan -que está incluido en un conjunto de reformas para el reglamento de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura- asegura que estas modificaciones servirán para agilizar el trámite de la investigación contra los jueces. Y considera que debe haber un límite a la investigación, cuestión que hasta ahora no existía.
De todos modos, para que uno u otro proyecto sea aprobado se necesita mayoría simple en un consejo compuesto por 20 miembros y que requiere 12 para dar quórum.
El plazo de dos años obtuvo la voluntad de Claudio Kiper, Abel Cornejo, Victoria Pérez Tognola, Bindo Caviglione Fraga, Lino Palacios y Jorge Casanovas.
Se ignora cómo votarán los senadores Miguel Pichetto, Jorge Yoma y el académico Juan Gemignani. Tampoco se sabe si Enrique Petracchi, presidente de la Corte y del Consejo, acudirá a la votación.
A favor de un plazo de 3 años, se lanzan los nombres de Smukler, Luis Enrique Pereira Duarte, Eduardo Orio, Marcela Rodríguez, Lelia Chaya y Juan Mínguez.
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