La causa que investiga el pago de presuntas coimas a senadores nacionales parece haber ingresado en un cono de sombras ya que no se avizoran decisiones contundentes. El juez Carlos Liporaci ha comunicado a los suyos que se tomará su tiempo para decidir la situación procesal de los once senadores imputados y en medios tribunalicios se cree que recién en marzo podría haber definiciones. Claro que estos tiempos no parecen coincidir con las premuras de los integrantes de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura, quienes por mayoría pretenden citar hoy mismo al magistrado para que efectúe su descargo, un paso previo a la solicitud del juicio político ante el plenario del cuerpo, que a su vez, debe decidir si el caso reúne los requisitos acusatorios para que pase al Jury de Enjuiciamiento: Liporaci está acusado de presunto enriquecimiento ilícito.
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En tanto, ayer se recibió en el juzgado un primer informe sobre la auditoría que se realizaron sobre el manejo de los fondos de las obras sociales y los Aportes No Reintegrables (ATN).
El trabajo fue realizado sobre las 10 entidades sindicales más importantes por peritos de la Auditoría General de la Nación que dependen de Rodolfo Barra pero se reportaron directamente a Liporaci. Como dato curioso se informa que en las distribuciones de la AFIP, la obra social de los metalúrgicos sólo figuró un mes para ser reemplazada luego por la obra social de los trabajadores rurales. El informe señala que entre el 8 de enero y el 7 de agosto de este año, hubo un débito al Fondo Solidario de Redistribución de $ 22 millones debido a órdenes emanadas de la Superintendencia de Servicios de Salud.
Descargo
En la citada Comisión de Acusación ya existe mayoría para que el magistrado haga su des-cargo debido a que está acusado de presunto enriquecimiento ilícito. Sin embargo, la minoría de la comisión insistirá en que el dictamen acusatorio es parcial. Argumentan que el juez Gabriel Cavallo, que investiga a Liporaci, levantó el secreto de sumario para que se interioricen del expediente dos consejeros e ignoró al resto que también quiere informarse de primera mano. Cavallo lo niega y contesta que la causa está abierta para todos los consejeros. En sus cercanías, se explica que esa prerrogativa les fue comunicada a todos por igual cuando el juez y el fiscal Pablo Rechini -a cargo de la instrucción-fueron a informar al Consejo.
El diputado frepasista Pablo Fernández -pese a la promesa por terceros que le hizo llegar Carlos Chacho Alvarez al juez para que investigue tranquilo-y los abogados Angel Fermín Garrote y Mario Gersenobitz -aunque este último no está muy de acuerdo con el dictamen de los dos primeros-se inclinan por la acusación a Liporaci. Los peronistas Miguel Pichetto y María Lelia Chaya creen que debe profundizarse la investigación, mientras que el senador Augusto Alasino -uno de los principales acusados de esa causa-se excusó, obviamente, de investigar a Liporaci.
Por su parte el diputado radical Carlos Maestro que reemplazará a Melchor Cruchaga -flamante secretario de Justiciarecién asumirá el miércoles por lo que no tomará parte del debate de hoy.
En tanto, hoy declarará como testigo el ex prosecretario parlamentario Alejandro Colombo que se reportaba al peronismo, fundamentalmente a Alasino en su condición de ex presidente del bloque.
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