Los marinos y aviadores, al banquillo por Montoneros

La investigación exhumada por el juez Claudio Bonadío podría tomar en los próximos días un giro más amplio, ya que podrían ser citados a declarar hombres de la Armada y la Fuerza Aérea, se supo ayer en fuentes allegadas al juzgado. Este juez continuó ayer indagando el secuestro, torturas y homicidios de una veintena de militantes montoneros durante el último gobierno militar de facto. Así lo indicaron al señalar que el único militar en actividad cuya captura ordenó Bonadío, el coronel Alberto Crinigan, formuló su descargo, al prestar declaración indagatoria ante el magistrado. No obstante lo cual, igual que en el caso de Olivera Rovere, continúan detenidos en Granaderos.

Aunque las versiones acerca de la razón que habría tenido Bonadío para exhumar una denuncia cajoneada desde 1998 son de lo más variadas -en el gobierno se piensa que es para fastidiar la gestión de Eduardo Duhalde-, ganaba cuerpo ayer la siguiente especie: Bonadío, junto con jueces como Rodolfo Bagnasco, Gustavo Literas y Gabriel Cavallo, estuvieron sospechados en su momento de tener fuertes relaciones con la gestión de Carlos Menem.

De hecho, Bonadío fue secretario Legal y Técnico cuando Carlos Corach asumió como ministro del Interior. Ahora Bonadío enfrenta la sospecha de haber participado de una reunión con el ex jefe de la SIDE, Carlos Soria, donde éste habló de «Cavallo preso», aludiendo al ex ministro de Economía.

La causa reabierta por Bonadío, tan cara a los sentimientos de la izquierda local, se convierte en una suerte de coraza para este juez federal, porque la especie dice que si prosperan algunas acusaciones, siempre podrá decir que fueron hechas para parar esta investigación.

• Ronda

Crinigan negó tener vinculaciones «personales y funcionales con los hechos que se le imputaron». Con la indagatoria de Crinigan, el juez cumplió una intensa ronda de indagatorias que incluyó al general (R) Jorge Olivera Rovere y al coronel (R) Pascual Guerrieri, entre otros. Lo hicieron también los retirados, generales Carlos Mabragaña y Luciano Jáuregui; y el coronel Carlos Tepedino, en tanto se aguarda que el magistrado convoque al ex presidente Leopoldo Fortunato Galtieri, estimándose que lo hará entre hoy y mañana.

Poco antes de comenzar la indagatoria a Olivera Rovere, su abogado Juan Aberg Cobo insistió en la «ajenidad» de su defendido ya que «los hechos que se le imputan datan de 1979 y él pasó a retiro en 1977», con lo que estaría exento de responsabilidad penal.

El expediente, en el que intervienen los fiscales Oscar Amirante y Guillermo Marijuan, tiene ya más de 11 cuerpos -más de 2.200 fojas- y se inició en 1983, cuando familiares de las víctimas denunciaron la desaparición de los integrantes de las Tropas Especiales de Infantería (TEI) de los Montoneros, cuyo jefe en el exterior era Roberto Cirilo Perdía.

• División

La historia de aquella operación de retorno de Montoneros, contenida en la investigación realizada por el fiscal de Casación Juan Romero Victorica, cuenta que la decisión se tomó en el hotel Leonardo Da Vinci de Roma, y provocó la división de Montoneros. Hubo críticas a Eduardo Firmenich, por lo que se conocía como «deserción de los tenientes», encabezados por Juan Gelman. Junto a Firmenich quedaron Perdía -número dos de la organización y responsable de la Operación Retorno de las TEI (Tropas Especiales de Infantería), y Fernando Vaca Narvaja. En aquel momento también se produjo la ruptura de Rodolfo Galimberti con Firmenich a quien le reprochaban mandar a la muerte a los últimos cuadros de combate del ejército montonero, que en su momento llegó a tener 15.000 hombres entrenados para el combate -actualmente la Gendarmería suma 17.000-, en campos de Libia y la OLP en el Líbano. El retorno se produjo por tres vías: Brasil, México y Perú, donde operaba Horacio Verbitsky -comandante Zalazar- conocido como segundo de la inteligencia montonera después de Rodolfo Walsh. Las tropas que llegaron a ingresar fueron 12 combatientes entre los que se encontraban Viñas, Zucker y otros.

La crítica a Bonadío está centrada en que desde el punto de vista jurídico la causa está prescripta, y en la indagatoria de Jorge Olivera Rovere está claro que se trata de delitos comunes. Se trata de hechos ocurridos en 1979 y no se encuadra, como en el caso de los menores secuestrados, como delito de lesa humanidad, porque se trató de hombres armados ingresados en el país para cometer asesinatos contra el equipo del entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz. Así se produjo el atentado que le costó la vida a Francisco Soldati y el de Guillermo Walter Klein, salvándose por poco Juan Alemann.

• Equívoco

En el caso concreto de Crinigan -actual enlace del Ministerio de Defensa y el Estado Mayor Conjunto con la SIDE-, se equivoca el juez Bonadío porque el militar llegó a la CRIM después de la fecha que se denuncia como desaparición de este grupo de montoneros, y así lo hizo notar en la indagatoria. Por el contrario, su arresto produjo inquietud en el Ejército -y a partir de allí también en la Armada y Fuerza Aérea-, donde está calificado como un oficial superior de alta capacidad en el área de Inteligencia y una trayectoria sin objeciones, ciento por ciento profesional. Al punto que sus antecedentes fueron también ponderados en agencias de Inteligencia del exterior, como es el caso de la CIA y el FBI de los Estados Unidos.