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Más poder a la Corte para manejar fondos
El gobierno reforzó más el poder de la Corte Suprema al cederle el manejo de $ 600 millones que hasta ahora administraba el Consejo de la Magistratura. Ese dinero es el excedente de la recaudación que le corresponde a la Justicia por encima de lo que presupuestó el Congreso y que el consejo de jueces quería asignar al pago de aumentos de salarios que la Corte impugnaba. Ese mayor poder financiero a la Corte era el sueño de Julio Nazareno cuando era presidente del tribunal en la época de Menem. El consejo, dominado por una cooperativa de políticos, magistrados y académicos, se lo negaba. Ahora que Kirchner domina la Corte, logra ese control de los fondos. El gobierno, a la vez, comienza ahora a admitir que prefiere dejar al tribunal, con la renuncia de Augusto Belluscio y la salida eventual de Antonio Boggiano, con solo siete miembros. Designó a cinco de ellos sin escuchar impugnaciones y se ha asegurado una mayoría propia. Y automática.
Los integrantes de la Corte Suprema recuperaron el manejo de fondos que estaba a cargo
del consejo de jueces.
La pelea nació en noviembre del pasado cuando los consejeros autorizaron una suba de 10% en las remuneraciones del Poder Judicial, sin pedir autorización a los jueces supremos.
Sintiéndose invadida en sus atribuciones, la Corte sacó un fallo en la que reivindicó su facultad de dar aumentos, dejó sin efecto la mejora salarial y calificó como «un delito» el incremento en los sueldos dispuesto por el Consejo de la Magistratura.
«La sola existencia de un eventual superávit en el Presupuesto de la Nación no faculta a la Corte a apropiarse de un monto no asignado específicamente a aumentos de sueldos para el Poder Judicial, porque ello simplemente constituiría un delito», dijo aquella vez.
Pese a la advertencia, el Consejo de la Magistratura ratificó el incremento y ordenó que se pagara a todos los empleados judiciales. La Corte debió hacer lo mismo para los jueces y secretarios. Fue este incremento en los haberes el que disparó la ola de reclamos de recomposición salarial que ahora tiene jaqueado al gobierno.


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